• Un juez federal ordenó liberar al dueño del Crematorio Plenitud tras concederle un amparo.
• La Fiscalía de Chihuahua impugnará la resolución al considerar que el caso sí configura delitos.
• Colectivos de familiares calificaron la decisión como injusta y pidieron intervención federal.
Un juez federal concedió un amparo a José Luis A. C., propietario del Crematorio Plenitud, establecimiento donde fueron localizados 386 cuerpos sin incinerar en Ciudad Juárez. La resolución permitió que el imputado continuara su proceso en libertad.
El fallo fue emitido por el Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, quien determinó que no se acreditaron plenamente los elementos necesarios para mantener al empresario bajo proceso por delitos relacionados con el manejo indebido de restos humanos y posibles infracciones a la Ley General de Salud.
Argumentos que sustentaron la resolución
En el análisis del amparo, el juzgador consideró que no se configuraban de manera suficiente los supuestos del delito de inhumación indebida.
Entre los argumentos expuestos por la defensa destacan:
- El negocio no era de acceso público, por lo que no podría acreditarse ocultamiento.
- La legislación sanitaria no establece un plazo específico para efectuar la cremación.
- Los cuerpos habrían recibido un tratamiento inicial conforme a disposiciones de salud.
La audiencia para dar cumplimiento a la sentencia se realizó en la Ciudad Judicial de Ciudad Juárez, bajo la supervisión de un juez de control del Distrito Judicial Bravos.
Fiscalía estatal impugnará el fallo
El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua interpondrá un recurso de revisión al considerar que la resolución no se ajusta a derecho.
El funcionario sostuvo que el caso representa una afectación grave para cientos de familias y reiteró que continuarán con las investigaciones y la identificación de los cuerpos localizados en el inmueble.
Un caso que conmocionó a la ciudad
El hallazgo ocurrió el 26 de junio de 2025, tras un reporte por olores fétidos y la presencia de un cadáver en un vehículo fúnebre. Al inspeccionar el crematorio, autoridades encontraron 386 cuerpos que no habían sido incinerados, pese a que las familias habían pagado por ese servicio.
Hasta febrero de 2026, autoridades estatales informaron que cerca de 200 cuerpos han sido identificados y más de 170 entregados a sus familiares. El proceso ha requerido análisis forenses, cotejo de huellas, revisión de documentación y pruebas genéticas.
Además, al menos 123 familias presentaron denuncias por fraude, al señalar que recibieron urnas con materiales distintos a cenizas humanas.
Indignación y exigencia de justicia
Tras la liberación, familiares agrupados en colectivos difundieron una carta pública en la que manifestaron su inconformidad y exigieron que el caso sea revisado por instancias federales, incluida la Fiscalía General de la República.
Los afectados sostienen que la acumulación de cuerpos en condiciones irregulares y la presunta entrega de cenizas falsas no pueden ser consideradas faltas administrativas, sino hechos de gravedad que deben sancionarse penalmente
