El contenido de la Ley de Telecomunicaciones es toda una joya de la represión que le da vida a una dictadura y no a un régimen democrático como el que presume tener la 4T.
Alejo Sánchez Cano
mayo 27, 2025 | 1:00 hrs
Ya terminaron los conversatorios que organizó el Senado de la República relativos a la iniciativa sobre la ley mordaza y ahora anuncian en la Cámara de Diputados un periodo extraordinario de sesiones del 9 al 17 de junio, para su discusión y eventual aprobación, y aunque existe un ánimo optimista entre algunos de los participantes a los foros de consulta de que omitirán varios artículos que le dan un toque fascista a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cierto es que existen fundadas dudas de que no ocurra y que al contrario, no se le moverá ni una coma a la iniciativa presidencial, a excepción del artículo 109 relativo a plataformas digitales, ordenamiento que será eliminado.
En la víspera de la elección judicial, donde el régimen ha puesto todas sus esperanzas para evitar un fracaso debido al alto nivel de abstencionismo, se está preparando la ley mordaza.
Esta ley atenta contra la libertad de expresión, transgrede el T-MEC y pone a México en el ojo del huracán ante los organismos internacionales garantes de los derechos humanos.
Así es, en vías paralelas avanza la cita inexorable de los ciudadanos con las urnas para participar en un ejercicio supuestamente democrático. Esto es para empezar a formar un nuevo Poder Judicial que permitirá brindar, a decir del oficialismo, una justicia pronta y expedita. Aunque la realidad apunta en dirección contraria.
Y en el Congreso se cocina la ley mordaza que, en su parte medular, incluye la censura, cancelación de plataformas digitales y lo relacionado con la Agencia de Transformación Digital con 106 atribuciones y que será la Santa Inquisición de la 4T para llevar a la hoguera de la censura y, por ende, hacia los castigos punitivos a aquellos que osen criticar al régimen.
De hecho, el contenido de la citada ley es toda una joya de la represión que le da vida a una dictadura y no a un régimen democrático como el que presume tener la 4T.
Allí está el registro de telefonía móvil. Con la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el retiro de una orden judicial, se permitirá la intervención telefónica por parte del gobierno y la eventual usurpación de los datos personales de los usuarios.
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En el contenido de la ley mordaza hay artículos que son de verdadera antología para pintar de un solo trazo a una dictadura en ciernes, como el 57, que menciona que la Agencia de Transformación Digital, mediante asignación directa, podrá otorgar a una dependencia o entidad del Ejecutivo Federal la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial, con el fin de cumplir con los objetivos de cobertura social y universal del Estado mexicano.
El quid del asunto es que la Agencia dará y quitará concesiones de medios electrónicos y ello de suyo, representa una total regresión y deja a expensas de los poseedores de estas concesiones un acto autoritario del gobierno para que les retire sus títulos de concesión.
Imaginemos qué sucederá si el gobierno de Claudia Sheinbaum cae en la tentación de quitarle TV Azteca al empresario Ricardo Salinas Pliego, con el pretexto de que no paga sus impuestos y de que sus contenidos editoriales “son contrarios a los objetivos sociales de la cuarta transformación en favor de la población más desprotegida”.
Hay artículos como el 201, 202 y 210 que contienen criterios de censura a los concesionarios. El 201 advierte a aquellos que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, que deberán contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación.
Será pura coincidencia, pero en el siglo pasado, cuando el PRI era la dictadura perfecta, según el calificativo que le dio acertadamente el recién fallecido Mario Vargas Llosa, nada se transmitía en los medios de comunicación, impresos o electrónicos, sin la autorización del poderoso secretario de Gobernación en turno. Si se trataba de un tema escabroso, también debía contar con la aprobación presidencial.
En cuanto al Internet y las plataformas digitales, la situación es peor.
El monitoreo gubernamental podrá detectar a los usuarios que divulguen en sus redes sociales contenidos adversos al gobierno o critiquen a la presidenta o a alguno de sus notables colaboradores.
Las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos.
Es decir que si un ente extranjero pretende difundir, verbigracia, contenidos científicos, pues expresamente lo tendrá prohibido.
Como se aprecia, si se ve como pato, camina como pato y hace como pato, entonces es una dictadura que requiere su ley de censura correspondiente
