Una médica del hospital en Argentina fue detenida el viernes pasado ante una orden judicial por haberle practicado un aborto a una joven embarazada de poco más de cinco meses.
Organizaciones de mujeres rechazaron la decisión judicial, alegando la justicia fue patriarcal contra la profesional, que horas salió libre. De acuerdo con medios locales, la médica Miranda Ruiz trabajaba en el hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta; y trató el 24 de agosto pasado a una paciente de 21 años para interrumpir su embarazo de 22 semanas, práctica contemplada en la legislación argentina.
La profesional de la salud argumentó que el procedimiento fue completamente legal y que su detención no tiene fundamento, ya que la interrupción se realizó bajo un régimen autoadministrado de pastillas.
“Que alguien me explique cómo hago yo como médica para obligar a una paciente a tener media hora las pastillas debajo de la lengua y que las trague durante tres horas hasta una expulsión”, replicó.
Asimismo, acusó que la denuncia no fue realizada por la paciente, sino presuntamente por una de sus tías, y consideró que “los familiares fueron utilizados políticamente por un sector de la sociedad que está militando en contra de la ley de aborto”.
Esta versión fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, quien dijo que la joven “antes del procedimiento habría manifestado su arrepentimiento”.
La investigación quedó en manos del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien solicitó la detención de la médica al Juzgado de Garantías 2 de esa ciudad, a cargo del juez Fernando Mariscal Astigueta.
La Ley 27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, en su artículo 4, especifica que las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen el derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14.
Pasado este periodo, existen excepciones contempladas por el Código Penal, que contempla que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o si estuviera en peligro la vida o salud de la persona gestante.
La doctora fue arrestada alrededor de las 09.00 horas en el hospital donde trabaja, para después ser trasladada a la sede fiscal, donde tuvo una audiencia de imputación. Ante estos hechos, organizaciones de mujeres se manifestaron para pedir la liberación de la médica.
Tras concluir la audiencia imputativa, el juez Astigueta determinó la liberación de Miranda Ruiz, aunque la médica sigue vinculada al caso, pues deberá presentarse semanalmente ante la fiscalía penal y no podrá salir de Tartagal sin autorización previa del tribunal.
“Estoy muy conmocionada y agradecida por todo lo que sucedió: los pacientes, los familiares, todo el hospital en su conjunto, el ministro de Salud, la Dirección Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; el Estado me bancó. Todos estaban insistiendo para que me liberen de la cárcel porque esto era una locura”, dijo tras su liberación.
