Directivos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Guillermo Rosales y Fausto Cuevas, rechazaron tajantemente la pretensión del Ejecutivo Federal de regularizar los autos que entraron al país de ilegalmente.
En rueda de prensa virtual, Rosales Zarate, dijo que la regularización sólo beneficiará a grupos en Estados Unidos que en coordinación con funcionarios acuerdan la recopilación de basura automotriz en ese país para su venta en México y otras naciones en desarrollo.
Señaló que así como el gobierno federal buscó frenar la exportación norteamericana de armas a México por diversos grupos que favorecen a la delincuencia organizada, debe hacerse lo mismo con el sector automotriz, ya que hay bandas criminales alrededor de las grandes subastadoras de basura automotriz que la adquieren para introducirla vía contrabando a México, con apoyo de funcionarios corruptos que también participan en el negocio.
Guillermo Rosales demandó poner un freno a la actitud laxa del Gobierno Federal y de otras entidades fronterizas al paso de autos de contrabando y que se haga cumplir con la ley, ya que se tienen todos los elementos para hacerlo, pero sólo falta voluntad política para cumplir con sus obligaciones legales.
Señaló que se ha observado en las ciudades fronterizas, especialmente en Baja California, un incremento significativo de la introducción de vehículos en contrabando.
Precisó que se hace presente la venta en las vías publicas de ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada, un número cada vez mayor de autos de contrabando.
Insistió en que las autoridades federales están en la posibilidad de poner un freno a estos vehículos y su comercialización en la vía publica, ya que se tiene todos los elementos e instrumentos de control y marco jurídico para hacerlo, pero sólo falta voluntad política a todas luces, para frenar la introducción de contrabando.
El director general adjunto de AMDA, dijo que el problema de la movilidad social en la frontera, con la que se quiere justificar la regularización, deriva del abandono de una política publica para favorecer el transporte público masivo Señaló que es increíble que se siga contando con un sistema inconexo, desordenado y con autobuses chatarra, contaminantes y hasta importados de desecho de Estados Unidos.
No se tiene en entidades como Baja California y otras entidades un plan de infraestructura que resuelva de fondo el problema de la movilidad, pero pretender resolver esta carencia con el uso de transporte privado, no tiene vigencia en ningún país, mucho menos hacerlo con unidades de desecho de la vecina nación, dijo.
Refirió que hay un reporte de la ONU que aborda el problema de transferencia de la basura automotriz de países desarrollados hacia otros con instituciones laxas.
