A menos de un mes de que concluya el mandato de Javier Corral Jurado como gobernador de Chihuahua, sólo dos exfuncionarios de la administración de César Duarte (2010-2016) permanecen actualmente en prisión como resultado de la llamada “Operación Justicia”.
Se trata del exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, y del exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín García, quienes juntos acumulan 19 causas penales, por la presunta comisión de diversos delitos y están recluidos en el Cereso número Uno de Aquiles Serdán.
Asimismo el empresario de origen poblano Germain Lezama Cervantes está en prisión, pero en junio de 2019 fue trasladado a un Cereso del estado de Puebla para que termine de purgar las dos sentencias por 3 y 2.5 años que recibió en Chihuahua por haber resultado beneficiado con el pago de más de 121 millones de pesos en servicios inexistentes.
A casi cinco años de la “Operación Justicia para Chihuahua”, un total de 30 acusados que fueron detenidos por las órdenes de aprehensión cumplimentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) están en libertad, ya sea por sentencias mínimas que recibieron y/o modificaciones a las medidas cautelares que les otorgaron jueces de amparo.
Los exfuncionarios y/o empresarios que salieron en los últimos dos meses para enfrentar sus procesos penales bajo la figura de arraigo domiciliario fueron la contadora de la Unión Ganadera “División del Norte” Guadalupe Medina Aragón, así como los empresarios Agustín Fong y Otto Valles, éste último la semana pasada en Hidalgo del Parral.
En el caso de Duarte Jáquez, quien fue detenido el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, aún no ha sido extraditado a México y permanece en una cárcel en la Unión Americana.
Según archivos periodísticos, se han emitido 15 sentencias mediante la figura del juicio abreviado, donde los acusados lograron penas menores al haber aceptado su responsabilidad en las acusaciones que hizo la FGE, la mayoría por peculado agravado, y no haber llegado al juicio oral.
El primer juicio abreviado fue el del también primer detenido dentro de los “Expedientes X”, el exalcalde Javier Garfio Pacheco, quien fue arrestado el 27 de marzo de 2017 y salió de prisión el 14 de octubre de ese mismo año al aceptar que cometió el delito de peculado agravado en la venta de casi 100 hectáreas del ejido Labor de Terrazas, pero a cambio se le concedió la libertad condicional en la pena de tres años.
La exfuncionaria de la SEyCD (hoy SEyD), Karla Jurado Bafidis, fue la primera mujer detenida y en juicio abreviado obtuvo una pena de tres años en libertad condicional por la acusación que le hizo la FGE de haber participado en la “Operación Zafiro” en donde presuntamente se sustrajeron 246 millones de pesos de las arcas públicas estatales para destinarlos a campañas del PRI en distintos estados del país. El 12 de junio de 2020 cumplió su sentencia.
El exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera, fue otro de los que obtuvo el beneficio de la libertad condicional el 22 de agosto de 2019, en la sentencia que obtuvo mediante juicio abreviado de cuatro años de prisión y donde acordó con la FGE devolver en pagos la cantidad de 246 millones de pesos.
Hasta este momento ni la FGE ni la Secretaría de Hacienda estatal han informado públicamente el cumplimiento de Yáñez en la devolución del dinero y sólo se informó que había cubierto 24 millones de pesos.
Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, recibió en octubre de 2018 una sentencia de 3 años y 4 meses de prisión por haber sido encontrado penalmente responsable de un delito electoral, específicamente de haber recibido 14 millones 609 mil pesos de origen ilegal provenientes de la retención mensual del 20 por ciento de las compensaciones de trabajadores del Estado para su partido durante la administración del exgobernador, delito previsto en el artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos.
Además Mauli obtuvo 63 millones 833 mil 333 pesos desviados del erario de Chihuahua, mediante la simulación mensual de pagos a nómina. El juez federal Javier Sáenz Torres le concedió el beneficio de purgar la sentencia en libertad.
Marcelo González Tachiquín, quien durante la administración pasada ocupó la titularidad de la Secretaría de Educación, la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado y la Secretaría Particular, obtuvo la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva al arraigo domiciliario el 28 de agosto de 2020, misma que actualmente cumple en los cinco procesos que enfrenta por presuntos desvíos millonarios.
El exauditor superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, enfrenta 15 procesos penales por acusaciones de presuntos desvíos y el pasado 23 de junio de 2021 logró que la prisión preventiva le fuera retirada; fue enviado a su casa con brazalete electrónico.
Lo mismo pasó con el exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, Sergio Medina Ibarra, quien enfrenta una causa penal, y el exdirector de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Édgar Omar Ramírez Martínez, este último con dos procesos penales pendientes pero que enfrenta en su domicilio.
Uno de los acusados que obtuvo rápidamente su libertad fue el exdiputado local Fernando Mariano Reyes, quien el 13 de diciembre de 2017 aceptó su responsabilidad en juicio de haber recibido de manera indebida 2 millones 420 mil pesos de recursos públicos en el sexenio de Duarte.
El acusado regresó el dinero y por consiguiente le concedieron el beneficio de la condena de tres años en libertad.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del empresario y político coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, conocido como “La Coneja”.
El exsecretario general adjunto del CEN del PRI fue detenido el 22 de diciembre de 2017 por agentes de la FGE y obtuvo su libertad hasta el 28 de septiembre de 2018 por orden de los jueces federales, quienes le modificaron la medida cautelar de prisión preventiva para que enfrentara el proceso en libertad con brazalete electrónico.
En este caso el gobernador Corral utilizó todo el aparato de procuración y persecución del delito para evitar la salida del político, a quien acusaba de haber participado en la “Operación Zafiro”.
El exsecretario de la Sección Octava del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz, quien enfrenta cinco procesos penales, obtuvo la libertad condicional el 29 de agosto del año pasado y abandonó las instalaciones del Cereso de Aquiles Serdán.
El exsecretario de Obras Públicas, Eduardo Esperón González, acusado de desviar 20 millones de pesos durante su cargo, obtuvo la libertad condicional el 3 de agosto de 2018.
Otro de los detenidos y liberados fue el exdirector de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Diógenes Bustamante Vela, quien debido a su avanzada edad fue declarado inimputable y liberado el 27 de junio de 2018.
El exasesor técnico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Edmundo Felipe González Lui, acusado de desviar 15 millones de pesos y quien enfrenta tres procesos penales, salió de la cárcel el 28 de febrero del año pasado por la modificación cautelar ordenada por los tribunales federales.
La exdirectora de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Martha Patricia Banderas Barrera, tras dos juicios abreviados obtuvo la libertad condicional el 15 de octubre de 2019.
Uno de los sentenciados en juicio abreviado fue Jesús Manuel Luna, secretario particular de Duarte, quien permaneció detenido del 24 de abril de 2018 al 29 de abril de 2019.
Según la Fiscalía, Luna habría dado la autorización para que aeronaves propiedad del Gobierno estatal acudieran a la ciudad de Cancún a recoger a los hijos del exmandatario declarado prófugo de la justicia, por lo que permaneció un año en prisión.
Uno de los casos que provocó consternación fue la muerte el 26 de agosto del 2020, del exdirector del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas de Chihuahua (Fideapech) Lázaro Joaquín López Ramírez, quien falleció en un hospital local por síntomas de coronavirus, luego de permanecer en prisión preventiva casi un año y donde sus abogados y familiares solicitaron incansablemente pero sin éxito que los “jueces de consigna” le cambiaran la prisión preventiva para que pudiera recuperarse.
El abogado postulante Héctor Villasana Ramírez calificó de “total fracaso” el procedimiento iniciado al comenzar el gobierno de Corral.
“La Operación Justicia para Chihuahua fue un fracaso rotundo de Javier Corral, ni las sentencias, procesos ni el dinero recuperado que se prometió, ni el castigo a los responsables; lo único para lo que sirvió fue para torturar y afectar políticamente a sus adversarios y utilizar de manera selectiva la aplicación de la ley”, subrayó.
