Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías que interpuso Florian Tudor contra su extradición a Rumania, y le concedió una nueva suspensión de plano para que no permanezca incomunicado, ni sea deportado o expulsado del país.
El juzgador asumió el juicio del rumano, porque el pasado viernes el secretario en funciones de juez, del juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, quien frenó la extradición, se declaró incompetente para seguir conociendo el caso.
González García fijó para el próximo 30 de junio la audiencia donde determinará si concede o no el amparo a Florian Tudor contra la extradición. El juez Segundo puntualizó que el requerido ratificó su demanda de garantías, motivo por el cual sigue vigente la suspensión de plano que impide su extradición.
También admitió un nuevo amparo donde Tudor solicitó que cesen los actos de incomunicación en su contra, y pidió la protección ante el temor de ser deportado del país, por lo que se le concedió otra suspensión de plano.
“Se concede la suspensión la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en la incomunicación, deportación, expulsión en calidad de extranjero y/o extradición, así como por cualquier otros de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables de manera inmediata no se ejecuten, los hagan cesar o, en su caso, se abstengan de llevarlos a cabo”, detalla la resolución.
El juez subrayó que todas las autoridades del país están obligadas a proteger y garantizar los derechos de las personas sin distinción alguna, “por lo que esta medida cautelar tiene por único efecto evitar que los actos reclamados se consumen de manera irreparable y que se le sigan causando mayores perjuicios a la persona que solicita la protección federal”.
El jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó en sus instalaciones de la Ciudad de México al rumano, quien ha sido señalado de ser el líder de una red criminal que opera en el estado de Quintana Roo, misma que ha sustraído más de mil 200 millones de pesos de cajeros automáticos. Hasta el momento, la FGR no ha judicializado alguna carpeta de investigación en su contra, tras dos años de investigaciones y señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
