Fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en la Cámara de Diputados promoverán de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“Convencidas y convencidos de que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución de la República y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia”, remarcaron.
A través de un comunicado, sostuvieron que, la aprobación en el Congreso de la Unión del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía por dos años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal; no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución Política, sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Poder Judicial.
“Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, requiere de autonomía e independencia”, expusieron.
Asimismo, las fracciones de dichos partidos afirmaron que el Poder Judicial debe contribuir decididamente en la generación de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución proclama, para reforzar el Estado social y democrático de Derecho y la Defensa de los Derechos Humanos.
“Por ello, debemos impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de las y los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos, y no atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales”, añadieron.
En tanto, señalaron que, desde el Poder Legislativo se debe favorecer el control democrático del Poder Judicial, involucrando a la opinión pública, a la academia y asegurar el principio de transparencia en las actuaciones y prácticas procesales, facilitando el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, porque no es posible una democracia sin un poder judicial independiente permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa.
