El Pleno de la Cámara de Diputados podría discutir y votar la extinción de 109 fideicomisos públicos antes de que acabe ésta semana. Con dicha medida, la Tesorería de la Federación recuperaría el control directo de 68 mil 478 millones 123 mil 839.26 pesos que hoy en día son invertidos en áreas científicas, deportivas, de investigación, problemas sociales y ambientales, entre otros.
Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que el 36.4 por ciento (24 mil 956 millones 674 mil 277.71 pesos) de los fondos de los fideicomisos a extinguir está relacionado con el área de ciencia y tecnología, además del 1.1 por ciento (785 millones 81 mil 311.18 pesos) destinado a instituciones educativas y de estudio, como en los casos de El Colegio de la Frontera Norte y del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El resto de los fideicomisos, que concentra el 62.4 por ciento (42 mil 736 millones 368 mil 250.37 pesos) del dinero recuperable por la Federación incluye fondos para diversos fines, como en el caso de estímulos a la cinematografía (224 millones 247 mil 606.55 pesos) y al deporte de alto rendimiento (213 millones 440 mil 882.92 pesos), o para desastres naturales (6 mil 861 millones 155 mil 316.78 pesos) y financiamiento rural (12 mil 563 millones 526 mil 670 pesos).
Sobre el manejo de dichos recursos, el Secretario de Hacienda manifestó que el dinero de los fideicomisos no será tocado y que permanecerá a disposición de las instituciones beneficiarias. Hoy, en una comparecencia ante el Congreso de la Unión, Arturo Herrera Gutiérrez dijo que lo único que cambiará es el mecanismo de entrega, ya que los recursos continuarán llegando “directamente desde el presupuesto”.
A diferencia de lo que dijo el economista, la iniciativa de extinción en el Poder Legislativo plantea la posibilidad de redirigir parte de los recursos a programas sociales y a palear la pandemia de coronavirus a nivel nacional, por lo que no queda claro cuál será el destino final del dinero y qué mecanismos de garantía entrarán en vigor para evitar que los recursos sean utilizados a discreción por el Gobierno federal.
“De concretarse la extinción de los fideicomisos, los resultados serían desastrosos para el funcionamiento de la ciencia en México y para el desarrollo del país en el futuro cercano”, refirió en un comunicado la red de científicos, investigadores, médicos y académicos ProCienciaMx, sobre la posible eliminación de 65 fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En la opinión de Carlos A. Coello Coello, eliminar fideicomisos causará un impacto terrible en el desarrollo nacional, máxime considerando que en México la inversión en ciencia y tecnología es menor en comparación con otros países.
“A México le ha tomado mucho tiempo construir una incipiente base científica. Tenemos todavía una comunidad científica pequeña comparada con otros países. Esto [de retirar fideicomisos] puede causar un daño irreversible en el país, porque no es que los apoyos en los gobiernos anteriores hayan sido fastuosos. Ya era mala la situación y ahora está peor; nos están quitando lo poco que ya teníamos”, explicó el científico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, quien asimismo aseguró que “si matan a la ciencia lo que va a haber es una mayor dependencia tecnológica del extranjero”.
Jesús Zambrano Grijalva también se manifestó al respecto. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirió en una misiva pública que la pretensión del Gobierno federal de acabar con fideicomisos educativos y de investigación estaría “acabando con todo lo que significa el apoyo a los creadores de cultura”.
Asimismo, el director de la organización Artículo 19 dijo a SinEmbargo que el Gobierno federal y la llamada Cuarta Transformación buscan controlar las agendas con las que se financian los fideicomisos que quieren eliminar: educación, cultura, medioambiente, ciencia, salud, protección a periodistas y apoyo a víctimas.
“El fideicomiso garantiza, más allá de los tiempos políticos, que haya recursos para aspectos fundamentales de la vida social y pública del país, además de temas de medioambiente”, dijo Leopoldo Maldonado al explicar que los fideicomisos son indispensables para que la asignación de presupuesto no esté sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo ni a los vaivenes políticos.
Acerca del argumento de eliminar fideicomisos para obtener recursos para atender la pandemia de coronavirus, el abogado de Artículo 19 advirtió que se trata de una situación que pone a la sociedad mexicana en una disyuntiva “cruel y perversa” en la que se evidencia, por ejemplo, que “o atendemos a enfermos de COVID-19 o atendemos a periodistas y defensores”.
Lo anterior está relacionado con la posible desaparición del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que amasa 250 millones 353 mil 139.84 pesos para realizar labores ligadas a la protección de 1 mil 304 personas (418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos).
En ese sentido, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación comunicó que desaparecer su fideicomiso público “tendría implicaciones negativas en el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos o la pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de las medidas ante situaciones de riesgo emergentes”.
Otro de los fideicomisos en riesgo de extinción asociado al tema de la defensa es el el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que si desaparece, “se corre el riesgo de un uso discrecional del mismo”, dijeron en entrevista integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Una situación que podría generar abandono al apoyo a víctimas de violencia y que, además de limitar la política de reparación del daño, podría causar circunstancias de revictimización, coincidió Leo Martínez Armenta del colectivo Buscando Cuerpos.
Con información de SinEmbargo
