Congreso aprueba nuevo crédito por 3 mil mdp para Gobierno de Chihuahua
El Congreso del Estado, por mayoría de votos, autorizó al Poder Ejecutivo del Estado contratar nueva deuda hasta por 3 mil millones de pesos.
Adicionalmente, el Gobierno del Estado podrá realizar los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.
La aprobación se dio por 20 votos a favor y 10 en contra, en una votación en donde por causas desconocidas las diputadas por Morena, Rosanna Díaz y Edith Palma abandonaron la sesión del pleno, hecho que le permitió a la fracción del PAN para que alcanzara finalmente la mayoría calificada y se autorizada este nuevo crédito.
Se aseguró que dicho endeudamiento habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en las tasas de interés.
Con datos parciales de la propia Secretaría de Hacienda de Chihuahua, así como del Gobierno Federal, la deuda de Chihuahua oscila entre unos 53 mil a 59 mil millones de pesos.
En el presupuesto del Gobierno de Chihuahua para el 2025 se dio a conocer que el monto destinado al servicio de la deuda (principalmente intereses y amortizaciones), es de aproximadamente 7 mil 194 millones de pesos.
Fue la diputada panista Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.
«En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes».
Aunque no se especificaron a donde irían los recursos derivados de este financiamiento, se aseguró que serán para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) como son:
-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.
En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.
Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto (PAN), en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal.
Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios
