El paro ha sido convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) expresar su condena a las políticas de Milei
Argentina se prepara para la huelga más importante de las últimas décadas
24/01/2024
«La patria no se vende», cantaron este miércoles a las puertas del Congreso argentino miles de manifestantes que se dieron cita en una calurosa jornada estival para hacer frente a la Ley Ómnibus impulsada por el presidente argentino Javier Milei y que estaba previsto que se tratara este jueves en la Cámara de Diputados. Finalmente, se anunció que el debate se posterga al martes próximo, porque el Gobierno ha perdido apoyo en el Congreso. Los más de 27 grados y la humedad veraniega típica de Buenos Aires no impidieron que la protesta se llevara a cabo con total normalidad. Con pancartas alusivas al «rey Milei» –no faltaron las máscaras y muñecos con su rostro-, y mensajes en defensa de la democracia y la cultura, ciudadanos de todo el país se congregaron para intentar frenar el ajuste económico impulsado desde el oficialismo.
Además de la movilización, que se replicó a lo largo de todo el territorio argentino –desde la ciudad de Rosario hasta Bariloche, pasando por distintos los puntos geográficos-, tuvo lugar la primera huelga general contra el gobierno convocada por la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y a la que se sumaron la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE) y diferentes movimientos sociales. También adhirieron a la huelga los gremios de transporte, los bancos, gran parte del sector de la cultura y la empresa Aerolíneas Argentinas, que canceló todos sus vuelos para esta fecha, lo que produjo un parón de actividades en todo el país. La protesta también tuvo eco en capitales europeas tales como Roma, Berlín y París.
La huelga general –realizada a 45 días de la llegada de Milei a la Casa Rosada- tuvo lugar justamente un día después del debate en el Congreso en el que el oficialismo consiguió su anhelado dictamen para comenzar a tratar la Ley Ómnibus. El proyecto de ley habilita al Ejecutivo a tomar algunas decisiones sin tener que pasar por el Congreso, propone privatizaciones masivas de empresas que están en manos del Estado y recorta gastos en el ámbito de la cultura.