Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron este lunes, en una acción coordinada, nuevas sanciones contra funcionarios de alto rango del gobierno nicaragüense, ligadas a las elecciones de noviembre del año pasado, pocas horas antes de que Daniel Ortega sea investido presidente por cuarta ocasión consecutiva.
Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron este lunes, en una acción coordinada, nuevas sanciones contra funcionarios de alto rango del gobierno nicaragüense, ligadas a las elecciones de noviembre del año pasado, pocas horas antes de que Daniel Ortega sea investido presidente por cuarta ocasión consecutiva.
El Departamento del Tesoro estadounidense dijo en un comunicado que sancionó a varios funcionarios nicaragüenses, entre ellos el ministro de Defensa, por acusaciones de actos de violencia del Estado, desinformación y ataques a medios independientes.
La acción apuntó también a personal del Ejército, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos y la estatal Empresa Nicaragüense de Minas.
La Unión Europea incluyó en la lista negra a siete personas más y tres entidades en la nación centroamericana en respuesta a las elecciones presidenciales de noviembre que Bruselas y Washington tildaron de «farsa», lo que elevó el número de personas sancionadas por el bloque comunitario a 21.
«El régimen Ortega-Murillo continúa subyugando la democracia mediante la realización de elecciones simuladas, silenciando a la oposición pacífica y manteniendo a cientos de personas como prisioneras políticas», dijo el subsecretario estadounidense de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
«Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y a su círculo íntimo de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamamientos para la liberación inmediata de estos presos políticos y el retorno a la democracia», agregó.
La UE detalló que se impusieron nuevas prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a familiares de Ortega, incluida Murillo, así como a la policía, el Consejo Supremo Electoral y la empresa que supervisa los servicios postales y de telecomunicaciones.
