La decisión del presidente demócrata llegó poco después de una nueva ronda de sanciones tras la farsa electoral del 7 de noviembre.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió el ingreso al país norteamericano a Daniel Ortega y al resto de la administración sandinista que gobierna Nicaragua. La decisión llegó poco después de una nueva ronda de sanciones que llegaron después de la farsa electoral que le permitió a Ortega consagrarse en las elecciones.
“Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar. La represión contra líderes de la oposición, líderes de la sociedad civil y periodistas en preparación para las elecciones presidenciales y legislativas nicaragüenses de noviembre de 2021 daña las instituciones y los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia. Las acciones autoritarias y antidemocráticas han paralizado el proceso electoral y despojado del derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas”, dijo el presidente Joe Biden, a través de un comunicado publicado por la Casa Blanca.
Para Biden la detención y denegación de juicios justos a manifestantes pacíficos, líderes de la sociedad civil, políticos, periodistas y candidatos presidenciales en ahoga el discurso político y el proceso democrático en Nicaragua.
Además, señala que las autoridades policiales y penitenciarias contribuyen al clima represivo que promueve el régimen de Ortega mediante la realización de arrestos y detenciones por motivos políticos.
“Los familiares y los medios de comunicación han informado de que algunos presos han perdido mucho peso durante la detención, no pueden caminar sin ayuda, han estado recluidos en régimen de aislamiento y son sometidos a frecuentes y extensos interrogatorios. El abuso físico y psicológico de los presos políticos a manos de la policía y las autoridades penitenciarias es intolerable y no se puede tolerar”, dijo el presidente demócrata.
En su comunicado de este martes, la Casa Blanca denunció que el régimen de ortega controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas con el fin de promover la agenda autoritaria sandinista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado en un nuevo informe «la grave escalada de la represión» en Nicaragua en forma de detención de precandidatos a cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos y periodistas independientes.
Un militar en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado en un nuevo informe «la grave escalada de la represión» en Nicaragua en forma de detención de precandidatos a cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos y periodistas independientes.
“Los funcionarios municipales, actuando bajo órdenes directas del régimen de Ortega, han dirigido la violencia contra manifestantes en sus comunidades y otros actores locales opuestos al régimen. Por ejemplo, alcaldes y alcaldías leales a Ortega han organizado y canalizado fondos estatales a grupos parapoliciales involucrados en la represión violenta. Estos funcionarios municipales ejercen un enorme poder político y una autoridad presupuestaria discrecional. El clima de miedo establecido y perpetuado por estos funcionarios municipales ha disminuido la posibilidad de elecciones libres y justas y ha socavado la democracia en Nicaragua”, dijo Biden.
Ayer, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses, por su papel en la “represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales” tras la “farsa” de elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre.
Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
Según la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, el “régimen” de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está usando “legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar”.
Los funcionarios designados son “socios clave en las políticas antidemocráticas” de Ortega, indicó el Tesoro.
Asimismo, el Tesoro considera que la oficina del Ministerio Público es “responsable o cómplice” de “acciones o políticas” encaminadas a “socavar los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.
También son sancionados los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa, así como el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.
Como consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.
Estados Unidos ya había impuesto previamente sanciones a numerosos miembros del círculo cercano de Ortega, entre ellos a varios de sus hijos.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se impuso en los comicios del pasado 7 de noviembre, en ausencia de oposición, después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.
Ortega, que volvió al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, se encamina ahora así hacia su quinto mandato en medio del desconocimiento del proceso por parte de la mayoría de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la UE.
Nota: INFOBAE
