Este domingo 7 de noviembre, más de 4,4 millones de nicaragüenses fueron llamados a votar. En unas elecciones consideradas «fraudulentas» por actores internacionales, el actual presidente, Daniel Ortega, buscará su reelección. Los comicios se han visto afectados por los arrestos de varios opositores al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre ellos, aspirantes al sillón presidencial. Asimismo, tres partidos políticos fueron eliminados.
Este domingo 7 de noviembre, en Managua, la capital de Nicaragua, los centros de votación abrieron a las 06.38 de la mañana, hora local. Sin embargo, 3.160 Centro de Votación han sido habilitados para los más de 4,4 millones de ciudadanos convocados a las urnas. Los nicaragüenses elegirán a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La oposición considera las elecciones «fraudulentas», mientras que la comunidad internacional afirma que carecen de «legitimidad», debido a que varios candidatos a la presidencia se encuentran en prisión, a pedido del actual presidente, Daniel Ortega.
De esta manera, el mandatario, en el poder desde el 2007, tiene el camino más libre para hacerse con una nueva reelección. En caso de ganar los comicios, sería su quinto mandato y cuarto consecutivo. Asimismo, sería la segunda vez que gobierne junto a su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta.
Presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo el 21 de marzo de 2019
Maynor Valenzuela AFP/Archivos
Los partidos políticos que participan en estas elecciones son: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre), y Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), este último solamente en la costa Caribe.
Los contrarios al oficialismo señalan que la mayoría de los candidatos opositores restantes en realidad son «colaboracionistas» con el Gobierno de Ortega y apuntan que todas los «rivales reales» del mandatario sandinista fueron encarcelados u obligados a marchar al exilio.
Entre tanto, el Consejo Supremo Electoral (CSE) sugirió a los votantes tomar sus precauciones y seguir las medidas de bioseguridad establecidas por la pandemia de Covid-19. Entre las recomendaciones está lavarse las manos o usar tapabocas. El mismo Consejo afirmó que 15.000 efectivos del Ejército de Nicaragua y 16.665 agentes de la Policía Nacional resguardarán los comicios.
Anulada la «Ley seca» para las votaciones
En una declaración pública, la Policía Nacional de Nicaragua informó que «todos los establecimientos de servicios turísticos, recreativos, deportivos, comerciales, cafeterías, restaurantes y lugares de encuentro y esparcimiento, trabajarán y funcionarán normalmente». De esta manera, la venta de alcohol quedó autorizada, anulando la ley seca.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se pronunció a través de su cuenta de Twitter. «Condenamos la irresponsable acción del régimen Ortega Murillo, pues a pocas horas de realizarse las cuestionadas elecciones generales han suspendido tácitamente la ley seca, a través de un ambiguo comunicado de la policía», se lee.
Y agregó que «¿Acaso es una trampa perversa? ¿Quieren que los medios de comunicación y la población lo den por hecho y así imputarles delitos? ¿Quieren propiciar la violencia, la confrontación, entre sus fanáticos y la oposición?».
Irregularidades en el voto
El observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas acusó al líder del FSLN de «coaccionar el voto». Y agregó que «a pesar de que la campaña electoral finalizó el pasado miércoles, el silencio electoral ha sido irrespetado por el FSLN, observándose diferentes estrategias para coaccionar a las personas a votar este 7 de noviembre».
Según el observatorio, las estrategias del partido político del presidente incluyen un «plan de movilización, visitas casa a casa, pagos de 500 córdobas (14,12 dólares) por votar por Ortega, oferta de beneficios sociales, petición de fotografías para demostrar la participación en las elecciones, amenazas, y visitas personales de funcionarios públicos para pedir el voto». En las visitas, los militantes sandinistas advierten los nicaragüenses de que «quienes se abstengan de votar no podrán realizar trámites en instituciones del Estado».
El observatorio confesó que «este tipo de acciones fueron reportadas desde los departamentos de Managua, Chinandega, Carazo, Río San Juan, Jinotega, Masaya y Granada». «Además se observaron actividades promovidas por las Alcaldías usando materiales alusivos al FSLN y perifoneo en pleno silencio electoral. Así como concentración de simpatizantes del FSLN y parapoliciales en alcaldías, estaciones policiales y casas del partido», sentenció.
Según Urnas Abiertas, desde octubre de 2020, se han presentado un total de 1.656 hechos de violencia política, 120 en el último mes. Por eso, la oposición, organizaciones que defienden los derechos humanos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, han expresado su inconformidad en respecto a estos comicios electorales.
Detenciones
Según las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, este domingo, antes de la votación, la Policía Nacional detuvo a al menos ocho líderes territoriales de la oposición. Entre los detenidos están Yaser Mahumar Vado, líder de la Unidad Nacional y Nidia Barbosa, de la Alianza Cívica. El resto de nombres no fueron revelados a pedido de los familiares.
Alexa Zamora, dirigente de la Unidad Nacional, confirmó la noticia a través de un audio. «Contabilizamos al menos ocho de nuestros liderazgos secuestrados por el régimen, en redadas ilegales, lo cual no hace más que reforzar el estado de sitio en el que el régimen de Ortega y Murillo ha colocado a la oposición», afirmó.
Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que «en Nicaragua persisten el hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación, acoso, ataques y detenciones ilegales arbitrarias de nuestros dirigentes municipales, departamentales y enlaces territoriales».
Hasta el 21 de octubre pasado, se contabilizaban 39 líderes y profesionales independientes encarcelados en el marco de las elecciones. Entre las últimas detenciones figuran las de Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y la de Álvaro Vargas, vicepresidente de la patronal.
Entre los detenidos, figuran, además, siete opositores aspirantes a la Presidencia. El sandinista Daniel Ortega los acusó de «traición a la patria», y de «lavado de dinero». Además, tres partidos opositores fueron eliminados. Entre tanto, no invitaron como observadores a la Organización de Estados Americanos (OEA) ni a la Unión Europea (UE).
Protestas contra el “circo y fraude” electoral
Miles de manifestantes y varios colectivos opositores nicaragüenses, exiliados en Costa Rica salieron a las calles este domingo 7 noviembre, para alzar su voz en contra del “fraude” y el “circo” electoral en medio de las elecciones en Nicaragua.
«Hoy vamos a poner en jaque a la dictadura, nos vamos a quedar frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica para llamar la atención de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos porque estamos pidiendo desde hace tres años que resuelvan este problema de manera democrática», afirmó a EFE la activista nicaragüense Marianella Castilla.
Las protestas, que han sido apoyadas por varias organizaciones opositoras a
