A pesar de que los socios de Comsa S. A. ya eran investigados por blanqueo de capitales en España, el gobierno capitalino contrató en 2015 a esta empresa para realizar trabajos de rehabilitación en la Línea 12, justo en el tramo que colapsó el 3 de mayo de 2021.
Un año más tarde, las pesquisas judiciales sobre sobornos aparecerían en Argentina, donde Comsa tuvo que retirarse de un proyecto de infraestructura por estar asociada con Odebrecht.
Las indagatorias en España siguen abiertas y apuntan a una operación de lavado de dinero que involucra al hijo de Jordi Pujol i Soley, ex presidente de la Generalitat de Catalunya, de donde es originaria la compañía, mientras que en Argentina un juez ordenó hace unos meses que se profundizaran las investigaciones sobre “contratos simulados”.
La empresa transnacional que llegó a México para participar en la reparación de la Línea 12 del Metro obtuvo en 2020 un contrato por 638.8 millones de pesos para desarrollar un tramo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Ese mismo año firmó otro convenio por 385.6 millones de pesos para la rehabilitación de las vías del Tren Ligero de la Ciudad de México.
El lunes 4 de octubre se dio a conocer que Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), propiedad de Carlos Slim Helú, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigara los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 del Metro, en particular los realizados en 2015, en los que participó, entre otras empresas, Comsa.
