Los comisionados presidentes del INE y de la Cofece recibirán un salario superior al del presidente el próximo año, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
El presidente de la República tendría una remuneración anual neta de un millón 785 mil 769 pesos. Pero el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) percibiría un total anual de 3 millones 53 mil 966 pesos.
En tanto, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) percibiría 2 millones 151 mil 603 pesos netos anual.
Titulares de otros organismos autónomos estarían muy cerca de las remuneraciones del primer mandatario.
Por ejemplo, el comisionado presidente el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría una remuneración total anual neta de un millón 770 mil 997 pesos.
Mientras que el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) percibiría un millón 680 mil 481 pesos.
Organismos autónomos como el INE, Cofece y el Inegi se opusieron a los términos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual ordena que ningún funcionario debe ganar un salario mayor al del Presidente de la República, por lo que presentaron recursos que llegaron hasta la Suprema Corte.
En particular, en los casos del Inegi y Cofece, la Suprema Corte concedió una suspensión, por lo que los altos funcionarios pudieron conservar el salario que percibían antes de la entrada en vigor de dicha ley.
Por ese motivo se derogó la ley publicada en noviembre del 2018 y se realizaron modificaciones.
La nueva ley se publicó en mayo pasado, y el artículo 9 determina que ningún servidor público recibirá una remuneración igual o mayor a la que tenga derecho a recibir el presidente por percepciones ordinarias.
En esta legislación se estableció una fórmula para determinar la remuneración total anual.
Para los expertos, esta ley no es retroactiva y aplicará a los servidores públicos que hayan empezado a laborar después de mayo de 2021.
«La ley sigue siendo ambigua. Aplicará a los servidores públicos que a partir de su entrada en vigor ingresen a laborar en el servicio público, no puede aplicar a los servidores públicos que ya venían laborando porque no es retroactiva, además de que el salario es irrenunciable», consideró Alejandro Avilés, presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de la Ciudad de México.
El problema es que se pone un tope al sueldo y se dejará de profesionalizar los distintos cargos públicos, pues al recibir remuneraciones bajas poca gente con talento querrá formar parte del Gobierno.
«La calidad de los servidores públicos irá disminuyendo con el tiempo», dijo Avilés.
