Una jueza federal de El Paso otorgó el martes una orden de restricción temporal para bloquear una orden ejecutiva de Texas sobre la detención de vehículos sospechosos de transportar migrantes.
El fallo de la jueza de Distrito de los Estados Unidos Kathleen Cardone determinó que la medida de Texas entra en conflicto con la ley federal de inmigración y viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.
Presentada por el gobernador Greg Abbott como un método para abordar la propagación de Covid-19 por migrantes en el estado de Texas, la orden ejecutiva ordenó a elementos (“troopers”) del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas detener los vehículos no gubernamentales sospechosos de transportar migrantes y otorgó la autoridad al DPS de incautar vehículos que violaran la orden.
Antes del fallo de Cardone, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió argumentos por escrito el martes por la tarde argumentando que se debería otorgar la orden de restricción contra la orden ejecutiva de Texas.
“Texas no señala ningún dato de que los no ciudadanos liberados de la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza tengan una tasa más alta de Covid-19 que otros viajeros. E incluso si Texas estuviera tratando de proteger la salud pública, no puede hacerlo regulando las políticas y prácticas federales de inmigración”, dice el documento.
Abbott emitió un comunicado el martes por la noche calificando la orden de Cardone como “temporal y basada en evidencia limitada”.
“La administración Biden ha liberado a sabiendas y deliberadamente a migrantes positivos a Covid-19 en las comunidades de Texas, arriesgando la posible exposición e infección de los residentes de Texas”, dijo el boletín.
Los críticos de la orden ejecutiva del Gobierno celebraron el fallo, incluido el representante estatal Joe Moody, demócrata de El Paso.
Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) en El Paso, dijo que aplaudía la decisión de la jueza.
“Sabemos que esto fue claramente parte de la actual agenda antiinmigrante del gobernador Abbott”, dijo. “Sus políticas y retórica maltratan a los inmigrantes y los retratan falsamente como un peligro para nuestras comunidades, todo mientras el mismo gobernador Abbott continúa burlando todas las prácticas y protocolos recomendados para reducir la propagación del Covid en Texas”.
En una audiencia el lunes, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la orden causaría una mayor propagación de Covid-19 al hacer que más migrantes fueran retenidos en entornos congregados debido a bloqueos de transporte. Dijeron que equivalía a una política de inmigración estatal, lo que obstaculizaba la capacidad del Gobierno federal para llevar a cabo la política de inmigración dentro de Texas.
Los abogados del Estado de Texas dijeron que la orden ejecutiva de Abbott era necesaria para las crisis concurrentes en el estado: la de Covid-19 y la de los migrantes que cruzan la frontera.
“Covid es una enfermedad muy grave”, dijo el abogado Will Thompson, hablando en nombre del Estado de Texas en la audiencia de la Corte federal el lunes por la tarde. “Alguien tiene que hacer algo al respecto”.
En los argumentos escritos del martes, que fueron una respuesta a los presentados por escrito un día antes por los abogados del Estado, el Departamento de Justicia dijo que “la orden ejecutiva no hace prácticamente nada para promover su supuesto objetivo de proteger al público de la amenaza del Covid-19”.
Los abogados de la administración de Biden también señalaron que “el día después de que el gobernador Abbott firmó la orden ejecutiva en cuestión, prohibió a los gobiernos locales, las escuelas y muchas empresas privadas tomar precauciones básicas para detener la propagación del Covid-19”.
El lunes por la tarde, el Condado de Hidalgo y la ciudad de McAllen emitieron declaraciones de desastre relacionadas con las preocupaciones sobre la pandemia de Covid-19 y la cantidad de migrantes que cruzan la frontera hacia el Sur de Texas.
En El Paso, defensores y líderes locales dijeron el lunes que la inminente orden ejecutiva ya estaba causando incertidumbre y caos.
La orden de restricción temporal otorgada el martes permanecerá en vigor hasta el 13 de agosto a menos que se extienda; en esa fecha habrá una audiencia adicional en el juzgado de El Paso para una orden judicial preliminar.
