A pesar de un mayor esfuerzo para vacunar a los migrantes detenidos en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una gran cantidad de personas en el centro de detención de ICE en el área de El Paso ha rechazado la vacuna, según funcionarios locales y defensores legales.
El juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, dijo que entre las personas a las que les ofrecieron la vacuna en los centros de detención locales de ICE, sólo el 33% aceptó.
Los defensores de derechos de los inmigrantes dijeron que los problemas con los esfuerzos de vacunación están relacionados con una serie de problemas estructurales con la agencia federal, que incluyen: un patrón de negligencia médica que alimenta la desconfianza entre los inmigrantes, problemas de acceso al idioma que generan confusión y conducen a información errónea, y la falta de protocolo sistemático a nivel nacional para la vacunación de personas detenidas por ICE. Los funcionarios de ICE en El Paso no respondieron a una solicitud de datos específicos sobre la tasa de rechazo de vacunas.
“Por mucho que nos gustaría hacerlo, no podemos obligarlos a vacunarse”, dijo Samaniego. “En las instalaciones se sienten un poco incómodos y no confían… porque son capturados, en ese momento están cautivos”.
El número de personas detenidas por ICE casi se ha duplicado en los últimos meses; de menos de 14 mil a principios de marzo a más de 27 mil al 8 de julio, según datos compilados por Transactional Records Access Clearinghouse en Syracuse University. Coincidiendo con el aumento del número de detenciones y el aumento de la variante ‘Delta’ altamente transmisible, las infecciones por coronavirus han crecido en los centros de detención de ICE en todo el país.
Leticia Zamarripa, portavoz de la Oficina de Campo de ICE en El Paso, dijo que la agencia está ampliando los esfuerzos de forma voluntaria para las personas detenidas. La oficina de El Paso también cubre Nuevo México.
“ICE está apoyando los esfuerzos de los socios estatales y locales al trabajar con sus socios federales para recibir su propia asignación de vacunas para su distribución inmediata a nivel nacional y recibir vacunas adicionales en el futuro”, dijo en un comunicado.
Manuel, un solicitante de asilo de 18 años de El Salvador que fue recientemente detenido en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Nuevo México, dijo que rechazó la vacuna contra el Covid-19 cuando se la ofrecieron. Manuel pidió que El Paso Matters no publicara su apellido por temor a que hablar en público pudiera tener repercusiones negativas para su caso de inmigración.
“No me sentía confiado (en la atención médica en la instalación) y también estaba asustado por el tipo de reacción que tendría”, dijo Manuel en español.
Describió cómo durante los tres meses que estuvo detenido en ICE, sufrió de dolor testicular crónico y con frecuencia se quejaba de que la medicación que le administraban no funcionaba. Manuel dijo que tuvo problemas para poder ver a un médico mientras estaba en Otero, y después de ser trasladado a una instalación diferente de ICE en Florida, se le informó que el medicamento que le habían dado era para la diabetes, y él no es diabético. Esto se sumó a su escepticismo sobre la vacuna.
A todos los detenidos en Otero se les ofrecen vacunas, según Issa Arnita, portavoz de Management and Training Corporation, el contratista privado que trabaja en Otero. Dijo que 479 migrantes obtuvieron la vacuna, a partir del 8 de julio. La instalación comenzó a albergar las clínicas de vacunación para las personas detenidas a principios de mayo, dijo.
“Hemos proporcionado hojas informativas sobre las vacunas con detalles en inglés y español y hemos celebrado reuniones para proporcionarles información adicional y responder a sus preguntas”, dijo Arnita. Agregó que aproximadamente el 55% del personal de la instalación está vacunado.
Global Precision Systems, subsidiaria de Bering Straits Native Corporation, el contratista del Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso, no respondió a las solicitudes de información sobre la cantidad de vacunas administradas o el nivel de vacunación entre el personal de la instalación.
El escepticismo sobre las vacunas entre las personas detenidas por ICE tiene sentido, dijo Theresa Cheng, líder del equipo de inmigración de Covid Behind Bars (el proyecto de datos de la Universidad de California en Los Angeles para recopilar e informar datos sobre el Covid-19 entre las poblaciones encarceladas en los Estados Unidos).
“Las personas detenidas (de ICE) albergan serios temores y desconfianza de los operadores debido a años de maltrato médico y negligencia”, dijo Cheng.
Los problemas de acceso al idioma pueden agravar aún más la confusión y la desconfianza, dijo.
Una de cada cinco personas inmigrantes detenidas en los Estados Unidos habla lenguas indígenas, según dos estudios recientes publicados por Americans for Immigrant Justice y Chicana/ o Latina/ o Law Review. El número puede ser incluso mayor: la cifra de hablantes de lenguas indígenas detenidos no se registra en el sistema de inmigración de Estados Unidos.
“Algunas de las personas con las que he hablado dijeron que se les ofreció, pero no sabían qué era, porque no había una persona culturalmente competente o una persona competente en el idioma que pudiera explicar lo que estaban ofreciendo. Entonces no sabían que eran vacunas”, dijo Cheng.
Linda Corchado, directora de servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy, dijo que los problemas de acceso al idioma han obstaculizado los esfuerzos de vacunación a nivel local porque los funcionarios de ICE asumen que los migrantes de América Latina entienden el español y no brindan servicios de interpretación en idiomas indígenas.