Un Tribunal Colegiado ordenó a una jueza admitir a trámite la demanda de amparo presentada por Genaro García Luna, ex titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, contra cualquier orden de captura que puedan emitir 33 jueces en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. La medida fue ordenada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, luego de que García Luna, a través de su defensa, presentó una queja contra la resolución del 21 de mayo de 2021 emitida por la jueza Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Hasta el momento, la única orden de captura que se ha emitido contra García Luna fue autorizada el 27 de noviembre de 2020 por Artemio Zúñiga Mendoza, juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Norte. “Artemio Zúñiga Mendoza, juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Norte al rendir su informe justificado, aceptó que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte libró orden de aprehensión contra el quejoso por el delito de enriquecimiento ilícito, juicio que se encuentra en trámite”.
El mandamiento judicial fue otorgado por la compra de inmuebles por un monto de 27 millones de pesos, los cuales no justificó. En diciembre de 2020, la FGR aseguró tres propiedades de García Luna.
Una de ellas se encuentra en la colonia Paseos del Sur, alcaldía Xochimilco; otra en la colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan, ambas en la Ciudad de México. El tercero en el Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, municipio Jiutepec, Morelos.
De acuerdo con la resolución del Tribunal Colegiado, el pasado 15 de abril la defensa de García Luna solicitó un amparo contra cualquier orden de captura en su contra. La demanda de garantías fue turnada a Rosa María Cervantes Mejía, titular del juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
La petición fue negada, ya que la defensa de García Luna argumentó la solicitud en declaraciones hechas por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y por Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de Presidencia.
“Respecto al punto I, únicamente menciona: 3. En la conferencia de prensa realizada en la mañana del 22 de abril de 2021 la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que existieron diversas irregularidades en contratos para la construcción de 8 reclusorios a particulares, involucrando de manera directa al quejoso. 4. Asimismo, el día 22 de abril de 2021, en entrevista con los periodistas…el consejero Jurídico de la Presidencia señaló que Genaro García Luna…ya tiene su orden de aprehensión…, por este asunto, nomás faltaba que no…; anexo al presente, se agrega impresión de dicha nota periodística. Sin que lo anterior represente la existencia de un acto cierto y actual, que este juzgado pueda tomar en cuenta para justificar la posible existencia de los actos que reclama”.
Contra esa medida, la defensa de García Luna presentó una queja, la cual fue turnada y aceptada por el Tribunal Colegiado, quien ordenó a la jueza Rosa María Cervantes Mejía, emitir una nueva resolución y admitir a trámite la demanda solicitada.
“La juzgadora de amparo deberá revocar el auto impugnado y, en su lugar, tendrá que dictar otro en el que prescinda de hacer efectivo el apercibimiento decretado en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la citada legislación y de no advertir la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, admita a trámite la demanda de amparo por los actos señalados en la presente sentencia, atribuidos a las autoridades referidas en la demanda de amparo”.
De acuerdo con el mandamiento del Tribunal Colegiado, la medida incluye cualquier mandamiento que puedan ordenar cinco jueces en el Reclusorio Sur; cinco en el Reclusorio Norte; cinco en el Oriente; seis en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez; seis del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl; así como seis del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande.
La resolución también incluye, como parte ejecutora, al director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal; al titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República; al director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos de la Fiscalía General de la República; así como a la dirección General de Investigación de la Guardia Nacional. Genaro García Luna fue uno de los funcionarios con más presencia durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
En diciembre de 2019 fue detenido en Texas, Estados Unidos. Es acusado de recibir sobornos por parte de Joaquín El Chapo Guzmán, de 2006 a 2012, a cambio de protección para el cártel de Sinaloa. Se encuentra recluido en una prisión en Nueva York. En noviembre de 2020, Milenio informó que la Fiscalía General de la República solicitó al gobierno de Estados Unidos su extradición para ser juzgado por la orden de aprehensión otorgada por Artemio Zúñiga Mendoza, juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Norte.
