El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó una prórroga de 30 días más para comparecer en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, ya que busca obtener información bancaria de Alemania y Suiza para su defensa, revelaron funcionarios judiciales.
Indicaron que las audiencias estaban previstas esta semana, pero a petición de la defensa los jueces de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte concedieron el plazo para que se recaben los datos de prueba y el ex directivo comparezca en agosto próximo.
Lozoya busca presentar un contrato de un banco suizo que guarda relación con los depósitos de Odebrecht. También quiere tener los estados de cuenta de transferencias en un banco de Alemania. Mencionaron que Emilio Lozoya también continúa ofreciendo datos de prueba a la Fiscalía General de la República (FGR) para tratar de conseguir un criterio de oportunidad, que no sólo lo beneficie a él, sino también a su esposa Marielle Helene Eckes, su hermana Gilda Susana y a su madre Gilda Margarita Austin y Solís, quien enfrenta la medida cautelar de prisión domiciliaria.
El 28 y 29 de julio de 2020, los jueces de control vincularon a proceso a Emilio Lozoya por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la compra de la Planta de Agronitrogenados; y por el caso Odebrecht se le vinculó a proceso por el citado delito, y por asociación delictuosa y cohecho.
En el caso de la planta de fertilizantes se le señaló por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares por parte de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración Altos Hornos de México (AHMSA) por la compra de la planta chatarra que se localiza en el complejo Pajaritos, en Veracruz. La FGR argumentó que la compra provocó un daño a Pemex por casi 8 mil millones de pesos porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones.
En ambos casos, Lozoya se declaró inocente y señaló que renunció al juicio de extradición para que se aclarara su situación y demostrar que no es culpable de los delitos que se le imputan, además de que se solicitó a un criterio de oportunidad. Posteriormente, Emilio Lozoya presentó una denuncia en la FGR que alcanzó a tres ex presidentes de México y a cuatro ex secretarios de Estado, además de nueve legisladores, políticos y empresarios, que presuntamente recibieron sobornos y se beneficiaron con favores.
La FGR inició una carpeta de investigación y el 13 de abril imputó al ex senador panista Jorge Luis Lavalle por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, dinero que supuestamente tiene su origen en la constructora brasileña Odebrecht. Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, estimó que las pruebas aportadas por la FGR eran suficientes para presumir que el ex legislador es probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
El juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante el riesgo fundado de que pueda evadir la justicia.
