Jesús López se siente solo y extraño en México, un país que casi no conoce a pesar de que es su lugar de nacimiento. Su sueño es regresar a Chicago, la ciudad donde vivía antes de ser deportado hace un año en plena pandemia de covid-19.
“Allí es adonde pertenezco, donde tengo mis amigos, mi familia”, explicó el inmigrante de 25 años, que ahora vive en Guadalajara.
López llegó a Estados Unidos a los nueve años junto con sus dos hermanos y sus padres, en busca de una mejor calidad de vida. Tenían visa de turista, pero decidieron quedarse más tiempo del permitido.
Vivió siete años sin autorización legal, hasta que en 2012 se amparó bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés). A través de ese programa, Jesús López pudo trabajar en Estados Unidos. La legalidad, sin embargo, terminó en 2015 porque no tenía los 500 dólares que necesitaba para renovar esas protecciones. Con la llegada Trump a la presidencia, el DACA fue suspendido.
En 2019, la policía detuvo a López y a otros tres jóvenes que estaban con él porque el vehículo en el que viajaban iba a exceso de velocidad en una carretera de Iowa. Él no manejaba, pero al revisar el automóvil la policía encontró marihuana y todos quedaron detenidos.
Tras pagar una fianza sus tres amigos estadunidenses recuperaron la libertad, pero López, inmigrante sin estatus legal, fue trasladado a un centro de detención.
Fue deportado en 2020 al presentarse a una oficina de inmigración para lo que creía era una cita de rutina en Iowa. Había viajado hasta allí en automóvil con sus dos hermanos. “Fue un día muy triste», recordó López, que vive con su tía y trabaja en un vivero.
Ahora sueña con volver a Chicago para trabajar en la construcción, vivir con sus padres y ayudar con los mandados a su abuela. “Esta nueva administración (la del presidente Joe Biden) nos da un poco de esperanza de ver las cosas más humanas”, dijo.
López forma parte de un movimiento que presiona al gobierno de Biden para que permita que inmigrantes deportados puedan regresar a Estados Unidos. Activistas, abogados, extranjeros deportados y decenas de organizaciones han expresado un fuerte apoyo a propuestas como la creación de una oficina en Washington que revise los casos de personas expulsadas y que, según estos grupos, merecen regresar.
Pero será difícil que la propuesta sea considerada, ya que la Casa Blanca no la ha mencionado nunca y tampoco tiene un legislador que la avale en el Congreso.
La campaña, no obstante, muestra cómo los activistas de inmigración se han empoderado después de mantener un perfil más bajo durante la pasada presidencia de Donald Trump, que impulsó una política de mano dura.
