El dominio que ejercen los grupos delincuenciales dedicados al robo de combustible y al tráfico de drogas en diversos municipios del país genera un hoyo negro de fiscalización para el Instituto Electoral Nacional (INE), ya que un tercio de los candidatos a alcalde en esas zonas no han reportado ingresos ni gastos de campaña en el actual proceso electoral.
Ha sido documentada la fuerte injerencia del narcotráfico y huachicol en al menos 85 municipios de 16 entidades federativas donde estos grupos entregaron apoyos sociales durante la pandemia de covid-19 y que también impidieron el ingreso de los Siervos de la Nación para entregar apoyos económicos, previo a la pandemia.
En esas zonas participan actualmente 661 aspirantes al cargo de presidentes municipales, pero 241 candidatos han hecho caso omiso a los llamamientos de las autoridades electorales para transparentar sus presupuestos de campaña mediante los sistemas de fiscalización.
Sobre esa línea, los municipios de Puebla que registran una fuerte presencia de grupos armados dedicados al robo de combustible representan el mayor boquete en materia de fiscalización para el INE, ya que solo 22 de 129 candidatos para alcalde han reportado ingresos o gastos de campaña durante el actual proceso electoral.
Las 16 alcaldías más violentas del estado, ahí donde operan huachicoleros y cárteles de la droga, solo han reportado 239 mil 788 pesos en ingresos para el financiamiento de candidaturas, equivalentes a 14 mil 986 pesos por alcaldía; mientras que a escala nacional el promedio de ingresos declarados es de 331 mil 871 pesos.
En el caso de los gastos realizados por los equipos de campaña se observa la misma situación. En los 16 municipios se han gastado 94 mil 816 pesos, lo que representa un promedio de 5 mil 926 pesos por demarcación, pero la media nacional se ubica en los 297 mil 229 pesos.
Al boquete fiscal de las campañas se suma la estrecha relación que algunos candidatos guardan con el crimen organizado en la entidad, acto que ya fue expuesto por el gobernador, Miguel Barbosa, quien amenazó con realizar una denuncia ante la fiscalía estatal contra los aspirantes que estén coludidos con grupos delincuenciales.
“Pronto presentaremos una denuncia desde el Gobierno del Estado ante la Fiscalía General del Estado sobre esos candidatos, no vamos a variar nuestra posición, el candidato que lo veamos vinculado, lo vamos a denunciar”, sentenció Barbosa. Hasta el momento, el único candidato que cuenta con la protección del gobierno estatal contra grupos delincuenciales es el abanderado de Morena por la alcaldía de Palmar de Bravo, Hilario Vicente Martínez Alcántara, que a inicios de este mes fue secuestrado y amenazado.
Justamente en ese municipio se presenta uno de los casos más dispares en materia de fiscalización de aspirantes que reporta el INE en la entidad. De los 11 candidatos registrados, solo tres han informado sobre sus ingresos por un total de 81 mil 135 pesos, de los cuales 78 mil 486 pertenecen únicamente al candidato independiente, Juan Carlos Varillas, aunque solo ha declarado mil pesos de gastos.
Por su parte, Juan Ramón Pérez de Fuerza Por México (FPM) y Pablo Miguel Vélez de Redes Sociales Progresistas (RSP), quienes declararon ingresos y egresos por 6 mil 367 y mil 281 pesos respectivamente. Los otros ocho candidatos han pasado de largo los esquemas de fiscalización impuestos por el INE para este proceso electoral.
Una historia similar se presenta en San Martín Texmelucan, lugar conocido como el municipio con mayor robo de Gas LP en el país, donde solo tres de los nueve contendientes a la presidencia municipal presentaron informes de sus finanzas de campañas por 91 mil 802 pesos de ingresos y solo 19 mil 315 de gastos hasta el pasado 18 de mayo.
El candidato independiente Filemón Ramírez informó al INE que ha recaudado 72 mil 486 pesos para realizar sus actos de campaña y contratar espacios publicitarios, pero no ha reportado un solo peso en gastos a pesar de que se han documentado mantas de propaganda de este candidato en el municipio, mismas que fueron destruidas o robadas por grupos delincuenciales en la primera semana de mayo.
De hecho, en su cuenta de Facebook el candidato sin partido declaró: “Así amaneció este día nuestra publicidad por todo el municipio, en algunos lugares se la robaron, en otros más la vandalizaron y hasta la navajearon. La guerra sucia ha iniciado, queda claro que tienen miedo de que los texmeluquenses estén abriendo los ojos”.
Por su parte los abanderados Renato Rangel de FPM y Ana María Ordaz de RSP declararon ingresos y gastos por 16 mil 80 y 3 mil 235 pesos respectivamente; mientras que los representantes de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PAN-PRD, PES, PRI y PVEM no cuentan con información en el sistema de fiscalización electoral.
En un segundo nivel se encuentra otras alcaldías con una fuerte presencia de grupos huachicoleros como Tecamachalco, Tepeaca y Huejotzingo donde los candidatos reportan en conjunto entre 11 mil y 13 mil pesos en ingresos y gastos electorales.
Otras siete demarcaciones con altos índices de violencia han documentado menos de 7 mil pesos entre todos sus candidatos: Qumixtlán, San Nicolás de los Ranchos, Tlachichuca, Tlahuapan, Esperanza, Guadalupe Victoria y Juan C. Bonilla. Los mayores boquetes de fiscalización para el INE se encuentran en cuatro alcaldías donde los candidatos no han reportado ni un solo peso de ingresos y mucho menos de gastos.
Estos casos son los de Teopantlan, Venustiano Carranza, Atzitzintla y Cañada de Morelos, donde se han postulado 23 contendientes para presidente municipal y ninguno ha captado o gastado recursos algunos, de acuerdo con sus informes entregados. De acuerdo con Etellekt Consultores, en el periodo electoral el crimen organizado ha asesinado a 32 aspirantes a un cargo de elección popular de los cuales 21 contendían por una presidencia municipal.
