La Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo informó que se ejerció acción penal contra los cuatro policías que detuvieron a Victoria Esperanza Salazar Arriaza, originaria de El Salvador, quien murió tras ser sometida por ellos supuestamente por alterar el orden público.
«Esta madrugada el fiscal del ministerio público que conoce del caso ejerció la acción penal en contra de los 4 policías municipales, una mujer y tres hombres, por su probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio», indicó Óscar Montes de Oca, fiscal general del estado.
Los elementos de seguridad fueron trasladados esta mañana a los centros de retención correspondientes para ser puestos a disposición de un juez de control, quien definirá si situación jurídica.
El funcionario informó que peritos concluyeron que Victoria Esperanza resultó con una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó su muerte.
«Las lesiones referidas son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer», aseguró.
Óscar Montes de Oca reconoció que la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado «se realizó de manera desproporcionada, inmoderada, y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima, lo que ocasionó una desaceleración con la rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la ley nacional sobre el uso de la fuerza».
De acuerdo con información proporcionada, la mujer tenía 36 años y dejó huérfanas a dos hijas, además se informó que contaba con visa humanitaria para residir en México.
Al respecto, la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, informó que ya está en contacto con autoridades mexicanas a través de la embajada en México. La fiscalía estatal aseguró que no habrá impunidad para quienes participaron en el deceso de la víctima y se actuará con todo la fuerza de la ley para llevar ante tribunales a quienes sean imputados por estos hechos y que lastiman a las instituciones y a la sociedad.
Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se pronunció ante lo ocurrido en este municipio y pidió que se castigue a los responsables.
