En los próximos días podría aprobarse la iniciativa de crear un Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, mediante la modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo proyecto se aprobó por la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre de 2020.
Este padrón buscaría reducir los delitos de extorsión telefónica. No obstante, no existe evidencia, ni nacional ni internacional, de que este tipo de registros influya en la reducción del delito, argumenta la industria de telecomunicaciones integrada por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Telecomunicaciones de América Latina (ASIET), la Asociación de Internet MX, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Asociación GSM que representa a operadores móviles y compañías relacionadas.
“La creación del padrón no contribuye a reducir los niveles de inseguridad. Ningún delincuente usará una línea previamente registrada a su nombre o de algún familiar o conocido para cometer un ilícito”, escribieron en una carta donde exponen su postura.
El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía («RENAUT» 2009-2012) que representa el antecedente inmediato del padrón no coadyuvó al abatimiento del secuestro y de la extorsión, al contrario, incentivó el robo de datos personales, argumentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en un oficio enviado el 16 de marzo de 2021 a la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República.
“Los delincuentes utilizaron celulares o SIMs robados o adquiridos en el mercado negro, que seguramente no estaban registrados a nombre del propio delincuente; se produjo la suplantación de los titulares de las líneas celulares”, dijo el organismo.
Entre las preocupaciones de la industria sobre la aprobación del padrón es que abriría una brecha de conectividad móvil, ya que “la exigencia de presentar una identificación como condición para tener una línea telefónica marginaría a todos los usuarios que no cuenten con ella y representaría un obstáculo a un gran sector de la población para acceder a los servicios básicos de telecomunicaciones”.
Lo anterior debido a que, en México, no existe un documento de identidad único y obligatorio, ya que la obtención de la credencial de elector es voluntaria, por lo que existe un amplio sector de la población que no cuenta con ella. Esta brecha afectaría sobre todo a la población no bancarizada, que normalmente se encuentra bajo la modalidad de prepago y que representa el 85 por ciento de los usuarios de telefonía móvil. El IFT agregó que el padrón ordena la cancelación de líneas cuyos usuarios hubieren sido omisos en registrar sus datos.
«La cancelación ordenada dejaría incomunicados a grandes segmentos de la población con consecuencias negativas en materia de salud, seguridad o productividad”. Aunado a esto, la planificación, implementación y puesta en funcionamiento de sistemas, plataformas y equipos en aproximadamente 500 mil puntos de venta a nivel nacional, requerirá millonarias inversiones y generará enormes afectaciones a la actividad económica sin el logro de los resultados esperados, calcula la industria de telecomunicaciones. El órgano regulador coincide en las pérdidas económicas que el padrón implicaría. “La infraestructura y operación del padrón costaría 109 millones el primer año y 88 millones por cada año subsecuente con cargo al erario público”.
Además, la aprobación del padrón pone en riesgo los derechos de los usuarios a la conectividad, a la privacidad, a la protección de sus datos personales y a la presunción de su inocencia, entre otros. El IFT expuso que en otros países, los registros o padrones como el que se pretende instaurar, son considerados como una injerencia gubernamental sobre los derechos fundamentales de la población.
