La batalla legal tras la masacre del 3 de agosto de 2019 en Walmart de Cielo Vista no sólo se limita a los dos juicios –federal y estatal– que enfrenta Patrick Crusius, el presunto autor del ataque terrorista que dejó 23 muertos y 23 heridos.
En paralelo se plantea un juicio civil, por daños y perjuicios hacia las víctimas del tiroteo, el cual comenzaría el 1 de octubre. Como acusados están Crusius y su familia, así como el corporativo Walmart, a los cuales se les pide una compensación económica.
Como parte de este proceso, abogados que representan a las víctimas exigen que les sean entregadas copias de los videos de vigilancia de las cámaras de Walmart de Cielo Vista, para poder utilizarlas en el caso civil.
La oficina del abogado Robert Ammons solicitó, en conjunto con la jurista paseña Lynn Coyle, una moción federal el 1 de marzo en la que piden al juez federal David C. Guaderrama –encargado del caso federal en contra de Crusius– que clarifique una presunta orden que impide el acceso a las pruebas del caso a personas no involucradas con los dos juicios criminales que se siguen en contra del presunto asesino, quien se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de El Paso.
No es la primera vez que la firma legal de Rob Ammons –a cargo de la representación legal de víctimas del tiroteo– denuncia que no se les proporcionan datos para proceder con la demanda civil.
En diciembre de 2019, el bufete jurídico señaló que el corporativo Walmart estaba evadiendo diversos requisitos ante los tribunales.
“Sentimos que es muy importante que las familias tengan acceso a estos datos, es por lo que interpusimos la moción”, señaló por escrito Ammons ante la solicitud presentada a principios de mes ante la Corte del juez Guaderrama.
Los dos elementos que exigen Ammons y Coyle son el video de vigilancia tomado por las cámaras de Walmart durante el tiroteo, así como los reportes de las autopsias proporcionadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso.
En la moción, en posesión de El Diario, los abogados aseguran que requieren la evidencia para avanzar en su caso civil. Aseguran que no buscan que la información se filtre al público en general, sino únicamente a los equipos jurídicos y las víctimas que han emplazado el juicio civil.
La decisión del juez Guaderrama ha desatado una serie de polémicas en cuanto a su interpretación por parte de jueces del fuero común.
El juez Sam Medrano, de la Corte 409 de Distrito, consideró que el fallo de Guaderrama tenía que ver sólo con juicios dentro del ámbito federal. No obstante, el juez Sergio Enríquez, de la Corte 448 de Distrito, donde se ventila el actual caso civil, adoptó la postura de Medrano.
Sin embargo, la falta de claridad sobre la resolución ha impedido que Walmart les ofrezca el material que han solicitado en video, al igual que la Oficina Forense del Condado de El Paso.
“No hay razón para que la presentación de sus propios archivos por parte de esas entidades al Gobierno de alguna manera impida que esas entidades produzcan los mismos archivos en respuesta a las solicitudes de prueba debidamente emitidas de un tribunal estatal en un proceso civil iniciado por las víctimas”, señala la moción.
Por su parte, Walmart insiste en que la decisión del juez Guaderrama “no es ambigua”, por lo cual rechaza la solicitud de entregar copias del video del tiroteo.
La demanda conjunta de los sobrevivientes y familias de las víctimas mortales del tiroteo en contra de Walmart pide respuestas sobre por qué la tienda 2201 de El Paso no contaba con medidas de seguridad para evitar un tiroteo masivo como el sucedido en esta frontera, que resultó en la muerte de 23 personas.
De acuerdo con los abogados, se le han pedido al corporativo de supermercados tres sets con requerimientos de cuáles son las prácticas de seguridad de las tiendas, sin embargo, la cadena de supermercados “no ha sido muy clara”.
