Ante el amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se investigue a los jueces que frenaron la ley eléctrica, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial aseguró que el único compromiso de sus integrantes es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo estado de derecho.
Por la mañana, el mandatario se pronunció por revisar el proceder de los jueces que otorgaron los amparos contra esa ley después de su promulgación y recordó que la reforma energética del pasado sexenio no está cancelándose, solamente pretende quitarle las aristas que más dañan. “Apenas se va publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Vamos a acudir a la Corte y queremos que la Judicatura haga una revisión del proceder de estos jueces. Sería el colmo que estén al interés de empresas particulares. Vamos a atender este asunto”.
El jueves el juez Juan Pablo Gómez concedió una suspensión provisional a la aplicación de la reforma, al considerar que puede dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector. Magistrados de circuito, como Alfredo Barrera, Carlos Soto y Hugo A. Bermúdez; el juez de distrito Miguel Luna, el ex ministro José Ramón Cossío y los especialistas en derecho Miguel Carbonell y Geovanni Sandoval, así como múltiples abogados litigantes, se pronunciaron contra el “ataque” al Poder Judicial, pues se trata de una decisión apegada a derecho, y coincidieron en que cualquier desacuerdo debe dirimirse en los tribunales.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que las empresas tienen todo el derecho de apelar la reforma, pero calificó de lamentable que un juez se preste como ventanilla única en este tema.
“No hizo ningún análisis económico. Se supone que es un juez que amparándose en la competencia otorga esa suspensión, en 24 horas no te da para hacer un análisis económico”, cuestionó. Añadió que pedirán una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actuar de este juez; “podemos ser muy respetuosos del Poder Judicial, pero no del actuar de algunos de ellos que en forma visible se muestra con un claro servicio a algún interés”.
Dijo que se otorgó la suspensión, como si fuera una ventanilla de recepción que pone un sello; es un tema serio porque incluye al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, añadió, por lo que acudirán al Consejo de la Judicatura para apelar la suspensión. El ex ministro José Ramón Cossío publicó en redes sociales que son “lamentables” los comentarios del gobierno por la suspensión del juez a las reformas eléctricas, “tanto por el franco desconocimiento del derecho, como por la manera de tratar el tema fuera del único lugar en donde deben hacerlo: el recurso”.
El juez de distrito Miguel Luna expresó que las resoluciones jurisdiccionales se combaten mediante el recurso correspondiente, por lo que “otro tipo de amenazas directas son una afrenta a la independencia judicial”.
El abogado Miguel Carbonell tuiteó: “Un estadista es el que gobierna con base en el conocimiento científico y con apoyo de especialistas, no quien todo lo confía a incondicionales que le hacen reverencias y le dan la razón incluso cuando no la tiene”.
Mientras que los magistrados Alfredo Barrera, Carlos Soto y Hugo A. Bermúdez coincidieron en no denostar o poner en duda al juzgado, mucho menos ser motivo de persecución por parte de los poderes del Estado.
Diego Galeana, secretario de juzgado de distrito, dijo que el Poder Judicial no debe estar al servicio de particulares, porque “está al servicio de todos para frenar el ejercicio arbitrario del poder”. El constitucionalista de la SCJN, Geovanni Sandoval, escribió: “El juez que decretó la suspensión no se formó en el periodo neoliberal, se formó en la Corte, en el periodo más importante de su historia: la del desarrollo de los derechos humanos”.
Gerardo Carrasco, abogado de la Escuela Libre de Derecho, añadió: “Es como cuando vas perdiendo en el primer tiempo y propones matar al árbitro: dejen a un lado las amenazas y mantengan el litigio en los tribunales. A jugar limpio”.
