El gobernador Javier Corral Jurado señaló que el Gobierno del Estado no busca la confrontación con el Gobierno de la República, sino una coordinación efectiva en materia de seguridad y respeto a la soberanía de Chihuahua.
El mandatario estatal dijo que lo que se quiere es que el Gobierno Federal cumpla sus propios compromisos en los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública, donde se especifica con claridad el funcionamiento de las mesas de seguridad y se establece que deben ser convocadas por el Gobernador del Estado y no por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Sí tenemos diferencias políticas, ideológicas y de concepción democrática, pero en el terreno de la seguridad pública no las deseamos ni las debemos tener”, expresó.
“Sin renunciar a nuestras convicciones –agregó– he estado buscando un encuentro con el Presidente de la República, no sólo para abordar los diversos problemas sociales y económicos que enfrentamos, sino particularmente por el de la seguridad pública”.
En oficio fechado el 25 de febrero de 2021, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, convocó a Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado de Chihuahua, a reunión de la “Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad del Gobierno Federal de Chihuahua”.
Esa fue la respuesta a la orden de la Suprema Corte de Justicia que concedió al Gobierno de Chihuahua una suspensión provisional para que las cosas regresaran al estado en que se encontraban, es decir, al mecanismo que ya se aplicaba antes del conflicto, con las reuniones a las que asistían los funcionarios federales y que eran convocadas por el Gobernador en la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio de Gobierno.
Dicha convocatoria vulnera el federalismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 y las normas que rigen el funcionamiento de las Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad, ya que estas son instancias locales, presididas por el Gobierno de cada entidad federativa y el responsable de convocar a sus reuniones es el Gobernador del Estado.
Los antecedentes del caso son los siguientes:
El 23 de septiembre de 2020 Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, anunció de manera unilateral que daba por terminada la coordinación con las autoridades de Chihuahua, con motivo de conflictos por el manejo del agua y de las críticas recibidas por la intervención de la Guardia Nacional en manifestaciones realizadas por nogaleros, en las que hubo un herido y una mujer asesinada.
Debido a que la coordinación en materia de seguridad pública entre los estados y la Federación es una obligación constitucional y legal, en noviembre de 2020, el Gobernador de Chihuahua promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la determinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de terminar la coordinación con el estado en el ámbito de la seguridad.
El 24 de febrero de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a las autoridades federales volver a participar en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Chihuahua.
A continuación se comparte el marco legal vigente que debería de regir la operación de la Mesa de Seguridad en Chihuahua y las acciones que le corresponde implementar:
I. Marco Jurídico de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad
Con fundamento en los artículos 21 constitucional, décimo párrafo y 7º, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública.
El numeral 8, inciso c) de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019, se refiere a las “Coordinaciones Nacional, Estatales y Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad”, y señala que parte fundamental de la Estrategia es “garantizar la coordinación entre las instituciones federales y las estatales, y que las 266 regiones distribuidas en cada una de las 32 entidades federativas actúen también de manera coordinada e informada”.
Además, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública prevé que “las Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad se reunirán diariamente […] para compartir información y tomar acuerdos, y estarán conformadas por el Titular del Poder Ejecutivo del estado o un representante del mismo, el Delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal en la entidad, un representante de la Fiscalía General de la República y el comandante de la zona militar o naval, y se invitará al Secretario de Seguridad y al Fiscal o Procurador General de la entidad, así como a un representante de la Comisión de Derechos Humanos, al Presidente del Tribunal de Justicia de la entidad y a integrantes de la sociedad civil”.
Por otra parte, el eje 1 Política y Gobierno, apartado “cambio de paradigma en seguridad” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ordena implementar las “Coordinaciones Nacional, Estatales y Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad”.
En tanto que la Estrategia prioritaria 1.4 del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, de observancia obligatoria para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, consiste en “fortalecer la coordinación territorial entre instancias y órdenes de gobierno para establecer la construcción de paz y seguridad”.
En este sentido, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 establece las siguientes acciones puntuales:
1.1.6 Coordinar el intercambio de información estadística y estratégica para contribuir a mejorar la toma de decisiones del Gabinete de Seguridad y de las coordinaciones Estatales y Regionales para la Construcción de Paz con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
1.4.1 Articular las coordinaciones estatales y regionales de construcción de la paz y seguridad, como un espacio de neutralidad política, asegurando la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la definición de estrategias de seguridad y el restablecimiento del orden y la paz pública.
1.4.2 Impulsar en las Coordinaciones Estatales y Regionales el intercambio de información delictiva, así como de mejores prácticas, que contribuyan a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para la atención de los delitos que más afectan a la sociedad como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio.
En la página 14 del “Manual de Coordinaciones para la Construcción de Paz y Seguridad” que el Gobierno Federal difundió desde la transición 2018 y que entregó a las entidades federativas al inicio del sexenio, se especifica con claridad que el Gobernador del Estado es el responsable de convocar a las Coordinaciones Estatales de Construcción de Paz y Seguridad.
