El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene en sus manos un asunto cuya decisión adopte en cualquier sentido puede gustar o enfadar al gobierno de Guatemala. Se trata del caso de Luis Armando Rabbé Tejada, ex presidente del Congreso guatemalteco, a quien buscan juzgar en su país por diversos delitos en que presuntamente cometió abusando de poder.
Sin embargo, Marcelo Ebrard tiene que decidir en los próximos días si lo entrega o no; pero para esto, debe analizar si su decisión no pone en riesgo a Rabbé Tejada. Y es que existen “sospechas” de que se trata de un perseguido político y no de una cuestión verdaderamente judicial.
Erick Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, acaba de dar un nuevo plazo al canciller para que emita una decisión, tal y como se lo ordenó un Tribunal Colegiado, el cual le pidió analizar detenidamente este asunto y dictar una nueva decisión.
El funcionario federal ya fue prevenido que, si no se pronuncia, se procederá a enviar el expediente al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, por desacato. Los casos de inejecución de sentencia son turnados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se estudia si un funcionario debe o no ser destituido del cargo y consignado por no cumplir con un amparo.
El director jurídico contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores informó al juez Erick Zabalgoitia que ya remitió el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo para su visto bueno y firma, al canciller, pero hasta el momento no existe una respuesta de parte del secretario.
¿De qué es acusado Luis Armando Rabbé?
Rabbé fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. Según el gobierno de Guatemala, el político autorizó contrataciones en el legislativo de personal no calificado, cuando presidió la Junta Directiva del Congreso entre 2015 a 2016.
También se señala que avaló contrataciones de personal, de manera irregular, empleados que percibían entre 8 mil y 20 mil quetzales mensualmente (entre 20 mil 420 y 51 mil 45 pesos mexicanos), sin que se presentaran a laborar, provocando así un daño al erario público. El 24 de septiembre de este año, en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a una juez de control que el gobierno de Guatemala señaló en su petición formal de extradición “que los delitos por los cuales es requerido (Luis Armando Rabbé), no se trata de delitos de índoles político, en concreto señala que éstos son delitos contra la administración pública”.
Sin embargo, en una audiencia anterior, al analizar las pruebas expuestas, la juez de control determinó que hay “sospechas” que generan la posibilidad de que, como lo mencionó Rabbé Tejada, se pretenda perseguirlo por sus ideas políticas y por los actos que realizó contra los intereses de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). Por este motivo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió otorgar un amparo al ex congresista, sentencia que dejó sin efecto la resolución del 8 de mayo de 2019, relativa a la solicitud de extradición internacional presentada por Guatemala.
David Larios Jaramillo, defensor del ex congresista señaló ante la juez lo siguiente: «El extraditable no doblegó a las presiones de estos órganos sino por el contario convocando a la sociedad guatemalteca a aportar ideas para reformar cuatro leyes, razón por la cual la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dependiente del Ministerio Público, gestaron la venganza y persecución política para callar las aspiraciones políticas del reclamado» La juez estimó que varias pruebas sí hacen sospechar que puede tratarse de un perseguido político.
La Secretaría de Relaciones Exteriores debe analizar si la CICIG, entidad creada por las Naciones Unidas para juzgar a Rabbé, incurrió en excesos, ante las sospechas de que presionó a jueces para conseguir fallos y comenzar una persecución a quienes opinan políticamente diferente En julio de 2018, Armando Rabbé fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cumplimiento a una orden de captura internacional solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), motivo por el cual Interpol libró una ficha roja.
