La justicia en el estado ha “ladeado” su balanza en los últimos dos casos más polémicos en la entidad, pues por un lado los agricultores Juan Carlos R.M., Juan L.M. y Rosendo L.L. deben permanecer en prisión preventiva por haber tomado gas lacrimógeno y uniformes de la Guardia Nacional durante las manifestaciones en La Boquilla, mientras el exmagistrado acusado de enriquecerse con 10 millones de pesos sólo alcanzó la prisión domiciliaria.
En el primer caso, según comentó el abogado Gerardo Navarrete, los tres agricultores seguirán en prisión, esto luego de que el día 20 de diciembre se llevó a cabo una audiencia por la inejecución de sentencia, pero el Juzgado Segundo de Distrito definió que deberán permanecer en prisión a pesar de los recursos que ha tramitado la defensa.
“Dio cumplimiento otra vez de forma imparcial, porque en la sentencia de amparo es clara, cuando debe prescindir del argumento de la amenaza del agente captor, entonces nosotros vamos a esperar que salga el acuerdo, donde diga que se dio por cumplida y hagamos lo que derecho convenga, vamos a requerir el material audiovisual para que valore, toda vez que se le dio la orden de no usar los argumentos para la resolución y los vuelve a usar”, indicó.
Los tres campesinos hasta el día de ayer deberán esperar más días en prisión, incluso pareciera que la libertad o alguna otra medida de prisión preventiva, que les permita llevar el proceso penal en su domicilio, no podrá ser quizá hasta el año 2021, cuando se vuelva a convocar para la etapa intermedia del juicio.
Hasta el momento estas tres personas, a pesar que reconocieron su error al tomar algunos artículos de la Guardia Nacional, durante la confrontación que hubo en la presa La Boquilla, el juez ha considerado que dejarlos en libertad representa un “riesgo para la sociedad”, según explicó el abogado.
El abogado defensor explicó que no existe riesgo en contra de la sociedad por la liberación de los mismos, ni pueden ser considerados como riesgo de fuga, toda vez que los tres detenidos tienen arraigo en el estado de Chihuahua, cuentan con domicilios, trabajos y todo lo indispensable para que le fijaran la medida cautelar de libertad condicional.
Por otra parte, en el más reciente detención de la Fiscalía General del Estado, en contra del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado Jorge Abraham R.A., a quien acusan de haberse enriquecido con por lo menos 10 millones de pesos, durante varios cargos públicos y que no ha podido justificar.
El juez Isaías Flores determinó que el exfuncionario puede llevar su proceso en libertad, ya que consideró que no había riesgo de fuga, a pesar de que su captura se dio en la Ciudad de México, cuando intentaba escapar del país, según la información de los agentes investigadores, quienes intervinieron en el asunto.
A pesar de que la Fiscalía General presentó evidencia y lo necesario para demostrar que el exfuncionario no cuenta con arraigo domiciliario, ya que había cambiado de vivienda, el juez dijo que puede llevar el proceso en libertad, ya que no existe un riesgo de fuga.
