Sin saber bien qué firmaban, ni haber visto un avalúo ni negociado el precio, sin conocer el alcance de la afectación real y sin la asesoría y el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, comisariados ejidales de Campeche firmaron contratos de ocupación previa a la expropiación, presuntamente presionados por una empresa a la que Fonatur le encargó las gestiones de los derechos de vía para el Tren Maya.
El 12 de mayo de 2020, José García Góngora, presidente del comisariado del ejido Cinco de Febrero, en el municipio de Champotón en Campeche, llegó junto con Manuel González Juárez y Fermín Gómez Feliciano, secretario y tesorero del ejido hasta la sede del gobierno federal en ese estado para cobrar un cheque.
Pensaron que era el pago de los derechos de vía que su ejido no había recibido antes como compensación por el paso sobre sus tierras del Ferrocarril del Sureste, lo que ahora es el tramo 2 del Tren Maya. Los tres salieron del palacio federal con un cheque por 2 millones 283 mil pesos, como pago por 26 hectáreas.
Pero no fue por los derechos de vía que el gobierno federal les adeudaba. Fue la indemnización por la ocupación previa de sus tierra en tanto se concreta el proceso de expropiación para el Tren Maya.
Así quedó asentado en un contrato que representantes de Fonatur y del despacho Barrientos y Asociados les hicieron firmar. García Góngora asegura que no supieron lo que firmaron.
“No nos dejaron leer el contrato con calma. Nos dijeron aquí está el cheque, fírmele y después les vamos a dar las copias. Nos las dieron meses después, a finales de agosto, y ya fue ahí cuando supimos que firmamos un contrato de ocupación previa con miras a la expropiación y que aunque nosotros esperábamos dos pagos, uno por los derechos de vía ya existentes y otro de indemnización por la nueva ocupación y las afectaciones, no nos iban a dar más que esa cantidad”, explica el comisario de Cinco de Febrero.
El derecho de vía es un pago que se le hace en este caso a los ejidos como compensación por el paso de una vía de transporte por sus tierras, pero los terrenos no se expropian aunque en realidad los pobladores no los pueden usar.
La ocupación previa es la compensación por el uso de terrenos mientras se hace y concluye el proceso de expropiación, que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Animal Político solicitó varias veces una entrevista a Fonatur para hablar de los procedimientos de preexpropiación en Champotón, Campeche, por el Tren Maya y para saber por qué se contrató a Barrientos y Asociados y si el despacho seguirá al frente de estos procesos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ningún respuesta sobre la entrevista.
Fonatur solo envió una breve tarjeta informativa a este portal en la que consignó: “El proceso de liberación de derecho de vía se mantiene en la zona de Champotón sin cambios. Existen diversas tensiones debido al esclarecimiento del trazo definitivo y los procesos anexos de indemnización por uso de vía.
Este proceso es complejo y requiere de diversas etapas de negociación con la población impactada por la rectificación de la vía y las empresas constructoras. Fonatur está vigilante de la situación y ruega a la población local paciencia. Todos los procesos serán hechos en estricto apego a la ley y con el beneficio último de la población local”.
Para fines prácticos, explica Naayeli Ramírez-Espinosa, abogada e integrante de la Red de Litigio Estratégico de la Península de Yucatán, derecho de vía y expropiación tienen el mismo efecto. “El punto es que el comisariado y los ejidatarios esperaban dos pagos”.
Algo muy similar describe Armando Pech, presidente del comisariado ejidal de Miguel Colorado. Él también refiere que llegó hasta lo que conocen como el Palacio Federal, donde están las oficinas de representación de Bienestar, Fonatur y el resto de las dependencias. También a él lo hicieron ir allá ese 12 de mayo, junto con el secretario y el tesorero del ejido, a cobrar un cheque. También firmó un contrato que no entendió bien a bien que era.
“Como citaron a representantes de varios ejidos del municipio por donde pasa la vía del tren, de unos ocho o diez ejidos, nos dijeron aquí está el cheque por los derechos de vía y firmen pronto porque no nos podemos tardar mucho por la pandemia. No pudimos leer bien y nomás firmamos”, cuenta Pech.
Al comisario de Miguel Colorado tardaron mucho más en darle las copias del documento que había suscrito, hasta mediados de septiembre, cuando por fin las pudo tener y leyó con calma, se dio cuenta que era un contrato de ocupación previa a la expropiación.
Ramírez-Espinosa señala que además de ese engaño para darles un solo monto hubo varias irregularidades graves en los procesos para la firma de los contratos.
La principal es que el despacho contratado por Fonatur, Barrientos y Asociados, solicitó a los comisariados ejidales convocar a una asamblea, en noviembre de 2019, para que en esta los ejidatarios les cedieran el poder para hacer, en su representación, las gestiones para el pago de los derechos de vía y la indemnización.
Esto, explica la abogada, es contrario a la Ley Agraria, en la que se establece que la asamblea es la autoridad máxima y por lo tanto ese tipo de procedimientos se deben hacer en asamblea. Es ahí donde se deben aprobar los convenios, los montos, las afectaciones, y con la presencia de la Procuraduría Agraria que fue la gran ausente.
En el contrato de ocupación previa que firmaron los comisariados ejidales de Cinco de Febrero y Miguel Colorado, del municipio de Champotón, y del que Animal Político tiene copia, está asentado que el trámite y firma del documento se hizo en presencia de un representante de esta procuraduría, que debe fungir en estos casos como asesor, apoyo y defensas de los ejidos.
En el documento dice que las partes “acordaron celebrar el presente acto ante la presencia de la Procuraduría Agraria, por conducto de la maestra Dulce Dolores Pali Casanova, en su carácter de representante estatal de esa institución en el estado de Campeche”.
Pero Pali Casanova no estuvo ese día acompañando a los comisariados en el palacio federal de Campeche. Su firma, de hecho, no aparece en el contrato.
Luis Hernández Palacios, titular de la Procuraduría Agraria, confirma que no hubo acompañamiento por parte de esta institución en los procesos para la ocupación previa de tierras en los ejidos de Cinco de Febrero y Miguel Colorado, como tampoco la hubo en al menos otros cinco en Campeche, de lo que ellos tienen documentado.
El procurador asegura que no estuvieron porque Fonatur no les avisó. Hernández Palacios ataja que aunque se ha dicho que sí los invitaron pero no acudieron porque no estaban trabajando en campo por la pandemia, eso es falso.
“No estuvimos porque no nos invitaron”, sostiene Hernández Palacios. Y no los invitaron a pesar de que debieron, por Ley, y de que había un acuerdo firmado al respecto.
El 16 de abril, la Procuraduría Agraria y Fonatur firmaron un convenio de colaboración en el que se destaca que ellos asesorarán a los núcleos agrarios en los diversos actos jurídicos que se realicen para el proyecto del Tren Maya, entre estos los de ocupación superficial o derecho de vía.
Hernández Palacios afirma que en otros casos se han coordinado con la dirección jurídica de Fonatur, a cargo de Alejandro Varela Arellano (quien sí estuvo en la firma de los contratos con Cinco de Febrero y Miguel Colorado como lo atestigua su firma al calce), y esos procesos para actualizar los derechos de vía han resultado bien.
Pero, dice el procurador, “tenemos información de que Fonatur tiene contratado a un despacho para que lleve estos convenios, que es la empresa Barrientos y Asociados, y aunque es mandataria de Fonatur no ha sentido la obligatoriedad de cumplir con el convenio que corresponde”.
