“No hagas cosas buenas que parezcan malas, Ni tampoco malas que parezcan buenas”, fueron las palabras de la presidenta de la comisión del Deporte en el Congreso de Chihuahua, Lourdes Valle Armendáriz, tras solicitar a la Auditoria Superior del estado y la Fiscalía General del Estado, a que realicen una investigación respecto a la creación y operación de Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, en las que se involucra al director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Pedro Santa Rosa entre otros funcionarios de la institución por supuesto delito de peculado.
A nombre de la fracción parlamentaria de Morena, y la Diputada del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta, la también vicepresidenta del Congreso, aclaró que la constitución de Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión en sus Siglas SAPI, no es negativa ni tampoco su participación en la promoción del deporte profesional.
No obstante, indicó que lo que sí es reprensible, son las adjudicaciones directas en la contratación de servicios por parte del Instituto como parece ser el caso de la Liga Estatal de Básquetbol, que posiblemente da lugar a la comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas que son sancionadas por la Ley Federal de Competencia Económica.
También es relevante señalar que los apoyos por concepto de nómina y otros gastos que otorga el Instituto a la Liga en mención y a otras sociedades anónimas promotoras de inversión constituyen actos potencialmente sancionables por el régimen de responsabilidades de servidores públicos, detalló la diputada morenista.
“Esto enciende una alarma, pues tenemos personas que se desempeñan como funcionarios públicos y a su vez forman parte de una sociedad mercantil a la cual ellos mismos se asignan recursos públicos de forma discrecional mediante adjudicaciones directas”, dijo.
Enfatizó que aún y cuando, el titular del deporte en el estado, renunció a dicha Sociedad, el 22 de mayo del presente año, esta puede resultar tardía, puesto que los supuestos de daño patrimonial al erario y de distracción de recursos públicos ya estarían consumados y por lo tanto deben investigarse cabalmente.
