Emilio Lozoya, el ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, consiguió un triunfo en los juzgados: un Tribunal federal decidió ampararlo para que la Fiscalía le devuelva una propiedad en un exclusivo barrio de la Ciudad de México que tenía asegurada desde 2019.
Lozoya, que se encuentra bajo proceso en dos casos distintos por varios delitos, pero que coopera con las autoridades mexicanas para reducir sus penas, habría comprado dicha casa, ubicada en Lomas de Bezares, en el suroeste de la capital mexicana, con dinero proveniente de supuestos sobornos.
“Amparo para efectos. Deje insubsistente el acto reclamado; dicte una nueva resolución purgando los vicios formales que la afectan”, indicó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
El Tribunal Colegiado confirmó así la resolución de un juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Las autoridades habían interpuesto un recurso de revisión, pero el sentido definitivo del juicio fue para Lozoya.
La sentencia de amparo tenía como efectos que la propiedad “para que ponga a disposición del Juez de Control correspondiente el aseguramiento decretado respecto del inmueble y menaje, para que la indicada autoridad lo autorice y determine en los mismos términos que se siguen para la orden de cateo”.
Precisamente el juez de Distrito conminó al Ministerio Público de la Federación para que “dé cumplimiento a la ejecutoria dictada por el tribunal de alzada”, en un acuerdo publicado este jueves, de acuerdo con los estrados consultados por este medio.
Pero el Ministerio Público solicitó una prórroga para cumplir con los efectos del Tribunal. “Se concede por única ocasión una prórroga de diez días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que remita las constancias que acrediten el cumplimiento a la ejecutoria de amparo”, indicaron desde el Juzgado.
Dicha propiedad había intentado ser subastada por el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, pero la Fiscalía mexicana se había negado precisamente porque todavía no contaba con el aval necesario para poder traspasar la propiedad.
Con información de Milenio
