Firmas falsificadas y muertos firmantes, cuentas bancarias, amistades, ganado sacrificado, empresas fachada y sólo dos meses bastaron para lograr casi de golpe el desvío de 41 millones de pesos del erario de Chihuahua a cuentas bancarias relacionadas con el entonces gobernador César “D”, quien hoy busca un amparo contra su detención si la justicia estadunidense avala su extradición.
El 14 de noviembre de 2011, un contrato de préstamo con intereses identificado con el número 887/2011, fue firmado por el Gobierno de Chihuahua, representado por el Servicio de Impuestos Internos y la Secretaría de Desarrollo Rural, a favor de Unión Ganadera, empresa creada por el exmandatario estatal, por el monto de cinco millones de pesos, a pagar en una suma global antes del 30 de junio de 2013.
En este caso, una evaluación realizada por la Auditoría Superior del Estado muestra que se detectaron irregularidades importantes como falta de presupuesto y suficiencia, que viola lo establecido en los programas que otorgan subsidios como la operación del Programa Estatal para el Desarrollo de la Agricultura, Productores Agroindustriales y Forestales. Además, el crédito otorgado excedió el monto máximo de financiamiento, así como el plazo establecido, y tampoco existe documentación sobre el pago del préstamo.
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Estatal concluyen que el dinero no fue utilizado conforme a lo establecido en el contrato y produjo beneficios que favorecieron al exgobernador de Chihuahua y sus allegados.
Casi a la par, el 1 de diciembre de 2011, fue firmado el Acuerdo de Apoyo Financiero 991/2011 por la Secretaría de Desarrollo Rural, el Servicio de Impuestos Internos y la empresa Unión Ganadera para un “pago de indemnización para los productores que transportan ganado no productivo a la planta procesadora de carne para ser sacrificado”, por la cantidad de 36 millones de pesos. El 10 de enero de 2012, se realizó un primer pago por 16 millones de pesos a través de un cheque a favor de Unión Ganadera. El 25 de enero y el 15 de marzo de ese año se realizaron otros dos pagos por 10 millones de pesos a la empresa que el entonces gobernador creó.
“En este caso, además de las irregularidades en los procedimientos, también hay una falta de documentación e información a través de la cual Unión Ganadera pueda probar que la subvención se usó para el propósito acordado”, señala la investigación.
Con información de El Heraldo de Chihuauha
