El Paso— Las alarmas siguen sonando en la Prisión del Condado de Otero, ya que cerca del 80 por ciento de los reclusos ha dado positivo a exámenes de detección de Covid-19, informaron autoridades de salud de Nuevo Mexico.
Cifras oficiales revelan que desde el primer brote de la enfermedad en el centro de reclusión, mismo que se detectó en mayo pasado, los casos se dispararon en más de 400 reclusos, es decir el 76 por ciento de la población.
Hasta el momento ocho reclusos se encuentran hospitalizados, además de que tres reos han fallecido a causa del padecimiento.
En la Prisión del Condado de Otero se cumplen condena por delitos federales, en su mayoría relacionadas con drogas, y hasta la fecha se han contabilizado casos positivos entre esos reclusos.
Cabe mencionar que en este centro carcelario está anexo a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde no se el operador privado Management and Training Corp. No dio a conocer el número exacto de personas detenidas en dicho recinto.
El Departamento de Correcciones y el Departamento de Salud de Nuevo Mexico sostuvieron una conferencia de prensa conjunta el pasado miércoles sobre las medidas que se están tomando para limitar la propagación del coronavirus en el Condado de Otero y en sus otras 10 instalaciones carcelarias.
Dichas medidas incluyen el intento de poner en cuarentena a todos los prisioneros que ingresen a la Correccional Central en Los Lunas durante 14 días, antes de reubicarlos en cualquier otra prisión estatal, así como incrementar las medidas de limpieza y materiales que permitirían sanitizar las instalaciones.
De forma previa la gobernadora Michelle Lujan Grisham ordenó la liberación de un pequeño grupo de presos que se ajustaron a criterios específicos y que se encontraban a menos de 30 días de sus fechas de liberación.
Por esta medida de la gobernadora Lujan Grisham un total de 71 reclusos fueron liberados desde el mes de abril.
Sin embargo, el brote se registró en mayo, donde el primer caso fue reportado con la afectación de un empleado de la Prisión del Condado de Otero, y que fue manejado a discreción de las autoridades carcelarias.
“Le pedimos a ese individuo que fuera removido del turno, y luego rastreamos su actividad”, señaló Alisha Tafoya Lucero, secretaria estatal de correcciones.
Aunque las agencias estatales y federales vislumbran problemas similares, los funcionarios de correcciones estatales dicen que la respuesta ha sido muy diferente al tratar de establecer comunicación con los operados privados de centros carcelarios.
“Estamos tratando de trabajar y relacionarnos con ellos, conseguir que suban abordo para hacer el mismo tipo de cosas que estamos haciendo”, dijo Tafoya Lucero.
La funcionaria sostuvo que ha hecho la petición a las agencias federales para que detengan las transferencias de presos a lugares con casos de COVID-19, y no permitir que el personal preste su servicio en diferentes instalaciones federales.
Para ayudar a mitigar la propagación del COIVD-19, Tafoya Lucero dijo que el Departamento de Correccionales a su cargo ha establecido una meta para reducir la población al 75 por ciento a fines de julio.
Para lograr dicho objetivo se revisarán expedientes de presos en libertad condicional, y que han sido encontrados culpables de infracciones técnicas.
La funcionaria sostuvo que se considerar explorar “opciones de reubicación”.
Desde el pasado mes de marzo se ha incrementado el uso de coberturas faciales, mayor saneamiento, controles diarios para el personal entrante y distanciamiento social “cuando sea posible”, dijo Tafoya Lucero.
Así mismo se aíslan a los reclusos, asintomáticos de sintomáticos, positivos de negativos y aquellos que se han recuperado, afirmó.
