El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 16 de junio que esta semana dará a conocer un fraude de factureras que suma 48 mil millones de pesos, y acusó complicidad de funcionarios del SAT de los dos sexenios previos.
El SAT empezó a cazar factureras en 2014 y seis años después no para de encontrarlas. Sólo entre el 24 de mayo y el 17 de junio, el SAT publicó detalles de 25 presuntas factureras que entre 2013 y 2018 expidieron comprobantes fiscales por servicios inexistentes con valor de 8 mil 759 millones de pesos, que pueden ser usados por los beneficiarios para deducciones en sus declaraciones de impuestos.
Cinco de estas empresas también se hicieron pasar por empleadoras y emitieron comprobantes por salarios que sumaron mil 452 millones de pesos.
Los comprobantes pueden ser usados por los supuestos empleados para acreditar a su favor, en sus declaraciones como personas físicas, una retención de impuestos que, en realidad, sólo existe en el papel.
Servicios NLMK, por ejemplo, facturó 409.3 millones de pesos en 2015, desde un departamento en la colonia Granjas México.
Entre sus “clientes” se encuentran Radio y Televisión de Hidalgo -órgano estatal utilizado para la Estafa Maestra-, la UNAM, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco y Telra Realty.
Esta última, empresa de los hermanos Zaga Tawil investigados por un fraude de 5 mil 88 millones de pesos al Infonavit, recibió tres facturas de NLMK por más de 300 mil pesos.
Servicios Contables & Fiscales Trejo Castillo, con sede en Naucalpan, expidió comprobantes por 2 mil 342 millones de pesos en 2017, algunos de ellos por montos reducidos, a la Cámara de Diputados.
Una sola factura fue por 2 mil 301 millones de pesos. La recibió Maquinaria y Transportación Ewok el 14 de diciembre de 2017 por “mantenimiento preventivo y correctivo de generadores”.
En Cancún, Servicios en Innovación Empresarial del Caribe le facturó mil 727.7 millones de pesos a mas de 70 empresas de la Riviera Maya de 2014 a 2018.
El SAT ha detectado redes. Desarrolladora Ledes, ubicada en Culiacán, expidió comprobantes por 705 millones de pesos en 2017 y 2018 y forma parte de una red con Servicios Profesionales Rinor, Norweb de México, Comercializadora Calm, Ley Comercializadora, Bultek de México, Renox Servicios e Inmobimex Constructora.
Todas comparten domicilios fiscales, empleados y/o apoderados, y como todas las factureras, no tienen equipo, personal, activos fijos ni bienes necesarios para prestar los servicios que facturan.
Camino Intelectual, una sociedad civil de Guadalajara, expidió entre 2016 y 2018 comprobantes de pago de salarios a unas 200 personas, por 521.7 millones de pesos.
En cambio, sus ingresos, de acuerdo con las facturas que expidió por “asesorías fiscales” y “servicios agropecuarios”, fueron de 362 millones de pesos.
Entre los “empleados” mejor pagados de Camino Intelectual está Nathaly Marcus Roffe, que recibió comprobantes por 26.7 millones de pesos, y los empresarios de casinos Juan Martin Fuentes Telich y Miguel Ángel Miyar Laris.
Se trata de apoderados de la casinera El Palacio de los Números. Camino Intelectual dice haberles pagado 22 y 12 millones de pesos, respectivamente.
Lo mismo pasó con Lumber Servicios: 682 millones de pesos por salarios de 2016 a 2018, pero ingresos facturados de sólo 478 millones.
José Wilfrido Corona Quintero, un empresario de Sinaloa, obtuvo de Lumber comprobantes por salarios que sumaron 62.3 millones de pesos; Marcos y Salomón Aspani Assolin los acumularon por 112 millones; Arturo Wladislavosky Shapiro, de la empresa Auditech, sumó 17.7 millones, y Héctor López Marín, 24 millones.
Servicios Contables & Fiscales Trejo Castillo afirmó haber pagado 163.8 millones de pesos en 2017 a 143 empleados.
Pero hubo uno que fue el empleado del año, pues le expidieron comprobantes por 159 millones de pesos: Antonio Barberena, un desarrollador inmobiliario del Estado de México.
“En este esquema”, explica el SAT en sus oficios, “el contribuyente (facturera) realiza la retención del impuesto y a su vez la entera al fisco como ‘pagada’ al trabajador a través del subsidio para el empleo o compensaciones que generalmente no existen”.
“En otras palabras, la operación se lleva a cabo en papel sin que se realice como tal una recaudación, pero sí un acreditamiento en la declaración de la persona física beneficiada, debido a que se le proporciona un comprobante fiscal que ampara la retención referida, pero no así la materialidad de la misma”, agrega.
El equipo de futbol Atlas de Guadalajara recibió comprobantes fiscales de una presunta facturera durante 2015 que sumaron 75.4 millones de pesos.
Se trata de Suministros y Servicios Alfam, que expidió 17 facturas en favor de Club de Futbol Rojinegros, sin aclarar cuál fue el servicio prestado. Atlas fue el único “cliente” de esta empresa.
Registrada como prestadora de “otros servicios profesionales científicos y técnicos”, el SAT determinó que Alfam no tiene personal o equipos necesarios para sus supuestas actividades en la casa de dos pisos donde tiene su domicilio en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara.
El oficio de presunta responsabilidad de Alfam fue expedido el 2 de junio por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Con independencia de su relación con Alfam, el Atlas está sujeto a un procedimiento de fiscalización por la Administración General de Grandes Contribuyentes, que revisa sus impuestos del ejercicio de 2014.
Como parte de este procedimiento, el 20 de febrero el SAT giró un requerimiento a Tomás Boy, director técnico del equipo en 2014, para que aclare y compruebe los servicios que prestó al Atlas, que le pagó 601 mil pesos mensuales en noviembre y diciembre de ese año.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 16 de junio que esta semana dará a conocer un fraude de factureras que suma 48 mil millones de pesos, y acusó complicidad de funcionarios del SAT de los dos sexenios previos.
Está por verse si ese monto se refiere al valor nominal de las facturas o a lo que el SAT dejó de percibir en impuestos cuando dichas facturas fueron usadas para aplicar deducciones.
“Mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe que sus facturas son falsas, entonces vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen, ya lo están haciendo”, comentó López Obrador.
A partir de noviembre de 2019, la emisión de facturas por servicios inexistentes por más de 7.8 millones de pesos es delito que amerita prisión preventiva forzosa e incluso está clasificado como amenaza a la seguridad nacional.
Información Milenio, Financiero
