A partir de hoy los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.
Lo anterior gracias a una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador dada a conocer ayer a través de un acuerdo publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Diario Oficial de la Federación.
Este acuerdo tiene vigencia hasta 2024 y, a diferencia de las administraciones pasadas, esta regula la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas que competerán. Aseguraron que esto se realiza en los marcos constitucionales y lo establecido por la Corte Interamericana.
“Reafirma la obligación de observar la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en materia de seguridad pública”, aseguró la SSPC.
Sin embargo, durante los próximos cinco años estará permitida la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), asegura que las funciones militares estarán bajo vigilancia de un organismo control y los costos de despliegue serán cubiertos por el presupuesto aprobado para la dependencia en este y los próximos ejercicios fiscales correspondientes.
