La Corte Suprema ha permitido al gobierno del presidente Donald Trump mantener su política de obligar a los solicitantes de asilo a aguardar en México a que los convoquen a sus audiencias en un tribunal federal estadounidense.
Podría ser la medida de mayor alcance entre las adoptadas por el gobierno en el último año luego de un aumento sin precedentes en el número de personas que llegan a la frontera para pedir asilo, muchas de ellas de América Central.
El gobierno de Trump ha promulgado al menos cinco políticas desde comienzos del año pasado que según funcionarios son para enfrentar las solicitudes carentes de mérito y el abrupto aumento de los arrestos fronterizos, que alcanzaron en mayo su número más alto en 13 años. A continuación, un vistazo a las políticas mencionadas y sus resultados.
La política llamada “Permanecer en México” fue puesta en marcha en enero de 2019 y ampliada gradualmente a los principales cruces fronterizos.
Los migrantes que llegan a la frontera son regresados a México para que esperen sus audiencias en cortes de Estados Unidos. Los detractores consideran este programa irresponsable e inhumano porque aseguran expone a un número indefinido de solicitantes de asilo a secuestros, extorsiones y violencia en las ciudades fronterizas mexicanas, donde los grupos delictivos tienen gran poder.
Unos 60.000 migrantes han sido enviados a México dentro de ese programa. Seis de cada 10 de esas personas eran de Honduras y Guatemala. Los mexicanos y menores que viajan solos están exentos.
Alrededor de 18% de las personas sujetas a la política llamada oficialmente “Protocolos de Protección a Migrantes” son sorprendidas cruzando la frontera ilegalmente después de su encuentro inicial con las autoridades, según el jefe de la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott.
El gobierno ha transportado en avión desde noviembre a más de 800 personas a Guatemala, impidiéndoles solicitar asilo en Estados Unidos. En lugar de ello esas personas pueden pedir asilo en ese país centroamericano, asolado por la pobreza y la violencia.
Muy pocas personas han solicitado asilo en Guatemala, y muchas simplemente regresan a sus lugares de origen. Algunos consideran que esa política es una “deportación con una escala”.
Todas las personas enviadas a Guatemala a la fecha provienen de El Salvador y Honduras. Están sujetas a la política porque pasaron por Guatemala en su trayecto hacia Estados Unidos.
El gobierno pretende ampliar el programa “Acuerdos Cooperativos de Asilo” y comenzar a regresar a personas a Honduras y El Salvador para que también pidan allá ese beneficio.
Unos 4.000 mexicanos y centroamericanos han sido deportados después de que no aprobaron su examen inicial de asilo que les es aplicado con poco tiempo para completarlo. Tienen un día para prepararse mientras están en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), con las luces encendidas las 24 horas. En ese tiempo cuentan con un máximo de 60 a 90 minutos para comunicarse con un abogado sin que puedan dejar un número para que les devuelvan las llamadas.
A los solicitantes de asilo que impugnen sus exámenes que no aprobaron los comunican por teléfono con un juez de inmigración que emite una decisión definitiva en dos días.
Más de 2.500 personas fueron puestas en una versión del programa para centroamericanos llamado “Revisión Acelerada de Casos de Asilo” y casi 1.200 en una versión para mexicanos llamada “Proceso de Revisión de Asilo Humanitario”, dijo a finales de febrero Mark Morgan, comisionado interino de la CBP.
Ahora el gobierno de Estados Unidos puede deportar a migrantes con más celeridad a Guatemala, Honduras y El Salvador.
De acuerdo con una nueva política, el personal de la CBP puede verificar electrónicamente la ciudadanía de las personas que tengan órdenes definitivas de deportación, sin tener que conseguir documentos de viaje de un consulado, lo que según funcionarios puede llevarse de una a dos semanas. Esas personas permanecen en custodia de la CBP en lugares que habitualmente carecen de camas y duchas.
Unas 17.000 personas están sujetas a la política de “Verificación Electrónica de Nacionalidad”, dijo Morgan a finales de febrero. Muchas son transportadas en autobús a un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona, y de ahí enviadas a sus países.
Kevin McAleenan, entonces secretario interino de Seguridad Nacional, dijo en septiembre que esa política “nos da la capacidad de regresar a los migrantes que no hayan expresado temor alguno a sus países de origen de una manera expedita”.
En enero, el gobierno anunció que comenzaría a deportar a unos 250 mexicanos a la semana en aviones con destino a Guadalajara desde Tucson, Arizona, ciudades ubicadas a más de 1.640 kilómetros (1.000 millas) de distancia una de la otra. Las autoridades consideran menos probable que esos migrantes reanuden sus intentos si los deportan a zonas en México distantes de la frontera.
Los mexicanos de estados fronterizos con Estados Unidos quedan fuera de esta medida. Una acción similar para deportar a personas en avión a la Ciudad de México llegó a su fin en 2012 debido a las dificultades del gobierno del presidente Barack Obama para llenar las aeronaves.
(La Jornada con información de AP)
