Un daño ambiental en la Península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental.
La responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió casi 15 mil 000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en todo el país.
Para la expansión de sus operaciones, la empresa intervino áreas de la selva maya y comprometió el hábitat y la fauna asentada en esas zonas. En las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que le fueron aprobadas, Enerall contempla la ejecución de 11 medidas para mitigar daños medioambientales. Actualmente se desconoce cómo las implementaron y los resultados. Profepa no ha practicado auditorías para verificar el cumplimiento de esas disposiciones y Conagua tampoco ha realizado evaluaciones para analizar la calidad del agua en los predios de la empresa. El cenote, de hecho, fue tapado a pesar de que en las MIA Enerall había aceptado preservar esos cuerpos de agua y de que carecía de permisos para intervenir el que fue destruido, según la averiguación de Profepa, que cerró el expediente con la aplicación de una multa y con una clausura temporal del rancho donde se encontraba el reservorio dañado.
Así lo revela una investigación que se desarrolló en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univision, Vice en Español y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). El trabajo implicó la formulación de más de 1,500 solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia, la obtención de más de 1,000 documentos de la empresa y sus operaciones, así como el análisis de más de 147 mil datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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