La Secretaría de la Función Pública jugó un papel importante en el desahogo de la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, ya que pudo comprobar las observaciones del propio órgano de control interno del tribunal estatal sobre ingresos no comprobables.
La responsable del órgano estatal de fiscalización, Mónica Vargas Ruiz, explicó que la intervención de la dependencia se dio a raíz de la solicitud del propio contralor interno del Poder Judicial a fin de que la Secretaría pudiese emitir una opinión experta, por lo que al llevar a cabo la revisión patrimonial correspondiente, se confirmaron las discrepancias de los ingresos del juzgador en comparación con sus percepciones profesionales.
Apuntó que gracias al convenio de colaboración que el gobierno estatal suscribió con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pudieron obtener datos respecto a las cuentas del magistrado y su cónyuge, lo que permitió ampliar la información con la que cuenta la instancia de procuración de Justicia para poder determinar la posible comisión de un delito.
