Cinco funcionarios del Vaticano fueron suspendidos de sus labores por presuntas actividades financieras irregulares, luego de que la víspera se realizó un cateo por parte de autoridades a las oficinas de la Secretaría de Estado de la Santa sede.
Entre los funcionarios suspendidos figura monseñor Mauro Carlino, quien supervisa la documentación en la Secretaría de Estado; el laico Tomasso Di Ruzza, director de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano, así como dos altos ejecutivos y una oficial de administración.
Fuentes citadas por medios italianos señalan que monseñor Carlino seguirá viviendo en la Casa Santa Marta, donde vive el papa Francisco, y los empleados suspendidos pueden ingresar al territorio del Vaticano para acceder a los servicios de salud o si un magistrado de la sede católica lo autoriza.
Durante el cateo a las oficinas los miembros de la Gendarmería decomisaron documentos y computadoras en la Secretaría de Estado, por orden del promotor de Justicia fiscal, Gian Piero Milano, luego de una serie de denuncias del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco del Vaticano.
Las denuncias del IOR se referirían a una serie de transacciones financieras “llevadas a cabo en el tiempo”, destacando que las supuestas operaciones financieras ilegales se refieren a «compraventas inmobiliarias por millones de euros en el extranjero, en particular edificios de prestigio en Londres».
