El Congreso de Sinaloa aprobó la llamada “Ley Anti-Chancla”, que prohíbe para quienes ejerzan la patria potestad ejercer castigo corporal a niños y adolescentes.
El dictamen pretende armonizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con la legislación general, señalando que la violencia familiar no se justifica.
Usuarios de redes sociales manifestaron su desaprobación argumentando que con ello los menores crecerán rebeldes y groseros.
