El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con 291 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación.
Previamente, la votación en lo general quedó con 420 a favor, 10 en contra y 9 abstenciones.
Más temprano este jueves, la ley se aprobó en Comisiones de la Cámara baja, con 45 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.
Esta ley busca eficientar y unificar los procesos para que el Estado pueda decomisar bienes y recursos de procedencia ilícita o que hayan sido utilizados para cometer algún delito.
El proyecto de decreto que expide esta ley fue aprobado por el Senado de la República el pasado 1 de julio con algunas reservas, por lo que regresó a la Cámara de Diputados para su discusión.
La discusión en el pleno se inició con la fundamentación del dictamen a cargo de las diputadas María del Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, y Rocío Barrera, que encabeza la Comisión de Gobernación y Población.
Ortega, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), destacó que «esta herramienta, sin duda, era necesaria y está llamada a fortalecer el Estado de Derecho mexicano, y a generar acciones contundentes contra la violencia, la delincuencia y la impunidad».
Barrera, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), dijo que la extinción ha dado buenos resultados en el extranjero, pero en México no había logrado «ser el engranaje que engarce una estrategia que combata al hampa con inteligencia institucional, atendiendo las causas, desmantelando las estructuras, quitándole viabilidad financiera y erradicando la impunidad».
El nuevo ordenamiento define a la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva una contraprestación ni compensación.
