El 75 por ciento de la población del país (93 millones de mexicanos) vive en condiciones de violencia, de acuerdo con Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El año pasado fue el “más violento” para México. En su tercer año consecutivo a la baja, el nivel de paz nacional decayó en 4.9 por ciento; y la violencia en el país costó 5.16 billones de pesos (24 por ciento del PIB), según datos del IEP y del informe del Índice de Paz México (IPM) 2019.
A la par que la tasa nacional de crímenes de la delincuencia organizada aumentó en 11.6 por ciento en 2018, la tasa de homicidios repuntó en 14 por ciento (34 mil vidas más perdidas) y la mayoría (69.4 por ciento) fue cometida con arma de fuego, refiere el informe presentado este día.
Pese a que el país ocupa el lugar 140 de 163 naciones con más violencia, México tiene un “superávit de paz positiva” al ocupar la posición 62 de 163 países, comentó Juárez. Esto implica que existe la oportunidad de revertir la violencia, siempre y cuando sean mejoradas las instituciones de seguridad y de procuración de justicia.
Sin embargo, la “falta de profesionalización” de las instituciones de seguridad, de organización y de prevalecía del uso de la inteligencia sobre la fuerza en el combate a la violencia son algunos factores que minan el desarrollo de paz en México, comentó Leonel Fernández, directivo del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
“Si México redujera su índice de violencia general al nivel de sus cinco estados más pacíficos, generaría un dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año”, refiere el informe.
En el marco de un nuevo gobierno, no obstante, el Estado deberá procurar una estrategia más amplia de combate a la violencia y reducir la “ineficiencia” de las autoridades, explicó Juárez.
Para Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), urge “poner el ojo” en la actuación de la Guardia Nacional ya que si los militares van a dirigir y formar un cuerpo de seguridad publica, vamos a tener “una seguridad militarizada” que no es ajena a la violación de derechos humanos.
La investigadora recordó que la violencia en México está ligada a una “crisis grave de violación de derechos humanos”, en un país en que hay más de 40 mil desaparecidos y más de 1 mil 300 fosas clandestinas, y donde las instituciones de impartición de justicia “no funcionan”.
Según las cifras más recientes del IEP, “México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio global de 16”, cuyo déficit se traduce en menor número de casos en tribunales, bajas tasas de condenas y por ende, más impunidad.
Esta situación se ve agravada ya que, hasta 2017, “los estados mexicanos registraron una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, lo que muestra la falta de recursos humanos suficientes”.
