La Cámara de Diputados aprobó una minuta del Senado de la República que reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, a fin de desincentivar la adquisición y expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Asimismo, fortalecer los mecanismos y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.
La minuta fue avalada por unanimidad, con 417 votos a favor. Se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento surgió de una iniciativa que presentó la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes (Morena) el 9 de octubre de 2018; fue aprobada en el Pleno del Senado el 4 de diciembre de ese año. Al llegar a la Cámara de Diputados se dictaminó por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN).
Durante la fundamentación de la minuta, la diputada Terrazas Baca indicó que se modifica el artículo 113, fracción III del citado código, para establecer sanción de tres meses a seis años de prisión a quien “adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados”.
De igual forma, se adicionó un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación “para establecer que se impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
“La minuta pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes”, apuntó la panista.
Terrazas Baca indicó que “en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal”.
Por ello, el órgano legislativo que preside está convencido de que “la reducción de la evasión de impuestos fortalece los ingresos públicos y por consiguiente, también la sostenibilidad fiscal de los gobiernos, así como genera un impacto positivo en el bienestar de los países”.
