La decisión de los administradores de la Casa del Migrante en esta frontera de retirarse de la organización en la administración de las citas de asilo político ante las autoridades del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, se derivó de la falta de cumplimiento por parte del gobierno estatal para apoyar a dicho albergue a cubrir los gastos de operación, acusó el padre Javier Calvillo, responsable de dicha instancia.
El representante de la organización que durante años ha brindado la atención a las personas que abandonaron sus lugares de origen en la búsqueda del llamado “sueño americano”, se quejó amargamente por la indolencia que por el momento han mostrado las autoridades estatales, quienes “sólo prometen, pero no cumplen los acuerdos pactados” principalmente en lo que se refiere a la entrega de recursos que se utilizan para la operación de las instalaciones.
Acusó al director del Consejo Estatal de Población, Enrique Valenzuela y al coordinador de programas sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Social en la Zona Norte, Rogelio Loya Luna, de asumir compromisos con los operadores de los albergues, entre los que se cuentan varios pastores evangélicos y no entregar los requerimientos solicitados por los mismos.
