El diputado de MORENA, Miguel Ángel Colunga Martínez, presentó una iniciativa con carácter de decreto para incluir en el Código Administrativo del Estado, con el objetivo de establecer responsabilidad patrimonial a funcionarios públicos que sin justificación, ordenen o realicen el cese o despido de funcionarios o trabajadores del estado, sin garantizar el pago de prestaciones de ley.
Este, sería una especie de blindaje a los funcionarios públicos que cada fin de administración o año, son despedidos de los gobiernos sin recibir indemnización alguna.
Colunga Martínez, dijo que tan solo en enero de 2019 el Gobierno del Estado recibió 350 demandas por despido injustificado y explicó, que un juicio laboral contra Congreso del Estado, tarda en promedio de 5 a 6 años, tiempo de duración de las administraciones estatales, cuyos abogados, retardan los procesos a propósito, con el fin de pasar la responsabilidad del pago a la siguiente administración.
Esta situación genera un gasto excesivo al erario, señala el legislador, debido a la acumulación de salarios caídos. El artículo a modificar mediante la adición, es el 108 Bis del Código Administrativo del Estado.
