La austeridad republicana del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desatado un alud de amparos por parte de los servidores públicos, quienes afirman que la medida es inconstitucional. Hasta los primeros días de diciembre, más de 2 mil empleados del Poder Judicial de la Federación han solicitado amparos por las reducciones salariales y otros 3 mil 500 funcionarios de 297 dependencias y organismos planean hacer lo mismo una vez que se conozca el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
Apenas ayer, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reducción de salarios de integrantes del Poder Judicial.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor cuando se apruebe el Presupuesto 2019, establece que “ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Lo que significa que nadie podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales, que será el sueldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Gobierno tiene hasta el 15 de diciembre para enviar al Congreso de la Unión el Presupuesto de Egresos, en donde se establecerá oficialmente el tope de salario para los funcionarios públicos.
