A dos días de que concluya la actual administración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una serie de recomendaciones particularmente severas a autoridades de los tres niveles de gobierno por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en Iguala y por la forma en que se llevó a cabo la investigación.
Al analizar cinco informes y 26 dictámenes de la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH determinó que en el basurero de Cocula sí hubo incineración de cuerpos y que, incluso, al menos dos policías municipales de Cocula habrían estado presentes, además, exigió el análisis genético de 93 restos óseos.
La CNDH recibió 72 quejas de personas inculpadas por este caso y acreditó que en 65 de ellas hubo violaciones a derechos humanos, entre torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias.
De estas quejas cuatro fueron por posible maltrato en la detención. 11 por posible detención arbitraria y 57 por posibles actos de tortura.
La CNDH detectó que el crimen organizado cooptó a autoridades de todos los órdenes de gobierno.
