Ante la presión que ejercen los miles de automovilistas que prácticamente fueron estafados bajo la promesa de que con la adquisición de un engomado que ellos expiden, podrían circular sin ningún problema en toda la entidad, los representantes de la Anapromex buscarán emprender una serie de acciones de resistencia civil para impedir que las autoridades cumplan con la aplicación de la Ley.
Fidel Villanueva, uno de los líderes pafos, acusó fuertemente a las autoridades de no ser solidarios con las familias de escasos recursos que se vieron forzadas a comprar un vehículo usado, aunque el mismo no haya sido internado legalmente al país, pero nada dijo sobre los altos cobros, hasta tres mil pesos, que su organización efectuó para vender los engomados con los cuales se realizó sólo un censo de estas unidades, pero sin ningún respaldo legal.
Urge que las diferentes instancias de gobierno no cedan ante las presiones de este tipo de organizaciones que durante décadas se han dedicado a lesionar la ya de por sí deteriorada economía de las familias socialmente vulnerables y que protejan también los intereses de los poco más de 500 mil automovilistas que sí cumplen con el pago de los derechos oficiales.
