La green card ha dejado de ser una póliza de seguro contra las deportaciones en la era de Donald Trump.
Los inmigrantes legales ahora pueden ser expulsados de Estados Unidos si transgreden las reglas de los programas federales y estatales de prestaciones sociales.
Un nuevo protocolo implementado la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) especifica que un inmigrante será obligado a comparecer ante un tribunal de Inmigración si abusa de “cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”.
El inmigrante será sometido a un proceso de remoción cuando haya evidencia de “fraude o tergiversación deliberada en relación a cualquier asunto o solicitud a otra entidad del gobierno”, explica el memorando publicado a finales de junio.
En esos casos, los funcionarios de inmigración tendrán mayores facultades para emitir un citatorio o notificación de comparecencia (Notice to Appear o NTA), documento que marca el inicio del proceso de expulsión de una persona nacida en el extranjero.
Los principales programas de prestaciones sociales que los inmigrantes con estatus de residente permanente pueden recibir son el seguro médico para personas de bajos recursos o con discapacidades Medicaid, el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el programa de Asistencia Nacional Suplementaria (SNAP), el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y el programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).
Ser receptor de estos programas de asistencia social incluso podría ser perjudicial para el solicitante de la residencia permanente, según una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional(DHS) cuyo objetivo es impedir que los inmigrantes legales obtengan la green card si ellos o sus hijos hacen uso de ayudas públicas, como cupones de alimentos o programas de escolarización de la primera infancia.
Información de EL NUEVO HERLAD
