Las defensorías de los derechos humanos de México, Honduras, Colombia, Guatemala y Ecuador pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte urgentes medidas cautelares para detener la política migratoria del gobierno de Estados Unidos de «tolerancia cero», que separa a la niñez migrante de sus familias.
La política migratoria de Washington «representa un total desprecio por los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, así como por la especial necesidad de protección que tiene para con ellos», denunciaron.
BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ
— David Begnaud (@DavidBegnaud) June 18, 2018
Niños migrantes no deben ser traumatizados con separación: ONU
La organización se une ante las numerosas voces críticas contra la política de EU de separar niños de los padres que cruzan la frontera sin documentos
El comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, informó que las cinco defensorías instaron a la CIDH que «le requiera» a EU que «interrumpa la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantesde sus familias».
«Es urgente que se ordenen las medidas cautelares para que el gobierno de los Estados Unidos detenga la práctica de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias», adujo Herrera, al puntualizar que Washington está obligado a detener la política porque el artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre definió el derecho de protección a la infancia y a hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez.
También se le solicitó que la CIDH adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personas, la salud, la familia y la libertad personal, en relación con los derechos de la niñez, agregó el Comisionado.
La gestión ante la CIDH, añadió, fue planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.
En una de las más controversiales acciones de su política de restricciones migratorias, el presidente estadounidense, Donald Trump, adoptó una decisión contra la inmigración que generó repudio dentro y fuera de Estados Unidos al establecer la separación de los infantes de sus padres indocumentados. Unos 2 mil 300 menores fueron separados de sus parientes en la frontera de Estados Unidos con México.
Las cinco defensorías «ponen de relieve el cambio en la política migratoria de EU, que ha dejado de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y ha decidido utilizar la separación de familias como una sanción para las personas que intentan migrar a ese país».
Esta situación, prosiguió, se ha evidenciado, en los últimos meses, luego de que las autoridades estadounidenses han reiteradamente aplicado la cuestionada práctica de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres y madres, para ponerlos bajo custodia del Estado, mientras se siguen procesos penales en contra de los adultos.
«Se coloca a la niñez en una situación de vulnerabilidad agravada, que permite la posibilidad de que sean víctimas de violencia, trata de personas y explotación, además de los daños psicológicos y emocionales que una separación de esta naturaleza les provoca», advirtió Herrera.
En un documento que presentaron a la Comisión, las defensorías alegaron que la práctica de la separación de las familias es riesgosa, porque fue adoptada como un mecanismo para disuadir a las personas de migrar, «enfrentándoles al peligro de ser separados de sus hijos si lo intentan».
La separación de la niñez migrante de sus familias, acusó Herrera, «traerá múltiples afectaciones a su integridad ya que puede ocasionarles estrés, miedo, sufrimiento y las demás afectaciones psicológicas que derivan de ser alejados de sus familias y llevados bajo custodia de autoridades en un país que no conocen».
Las medidas solicitadas a la CIDH, explicó, buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos.
